Redacción / Quintana Roo Ahora
Quintana Roo.- Este mediodía se consumará un hecho que, aunque anunciado, no deja de generar incomodidad entre diversos sectores de la sociedad quintanarroense: la ratificación de Raciel López Salazar como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) por un periodo de 12 años. A las 14:00 horas, el pleno del Congreso local aprobará lo que parece un trámite meramente protocolario para dar luz verde a lo que muchos han denominado el «paquete transexenal», una maniobra que extiende el mandato del fiscal sin mayor consulta o evaluación de su desempeño.
Raciel López, militante del partido Verde y chiapaneco de origen, fue designado como titular de la FGE el 17 de julio de 2023, reemplazando a Oscar Montes de Oca, un funcionario que también llegó desde fuera del estado durante el sexenio del exgobernador panista Carlos Joaquín. Ahora, con la ratificación de López Salazar, se consolida una tendencia: Quintana Roo sigue sin un fiscal nativo, lo que inevitablemente genera cuestionamientos sobre el arraigo y comprensión de los problemas locales que una figura tan crucial debería tener.
El verdadero trasfondo del asunto está en el «paquete transexenal», aprobado en un sospechoso “sabadazo” legislativo hace un par de semanas. Este paquete, además de ampliar el periodo del fiscal de 9 a 12 años, fue aprobado sin que se tomara en cuenta la opinión de las barras y colegios de abogados, actores clave en cualquier proceso de evaluación de justicia en el estado. Tampoco se realizó una evaluación transparente sobre el desempeño de Raciel López durante su corta gestión.
Entonces, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué implica esta ratificación para Quintana Roo? La respuesta parece estar en una creciente desconfianza hacia las instituciones que, en lugar de velar por los intereses de los ciudadanos, se blindan para mantenerse en el poder.
Mientras algunos celebran la estabilidad política y jurídica que podría traer un periodo largo en la fiscalía, otros ven en esta ratificación una imposición que favorece a ciertos grupos y partidos, más interesados en controlar los hilos del poder que en ofrecer una justicia equitativa y transparente. Una cosa es clara: los ciudadanos de Quintana Roo han sido excluidos de este proceso, y lo que debería ser una decisión para garantizar la justicia, se ha convertido en un pacto que beneficia solo a unos cuantos.