Redacción / Quintana Roo Ahora
México. – La reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados ha encendido una llama de controversia que no parece apagarse pronto. Considerada como el cambio más profundo al sistema judicial en tres décadas, esta reforma ha abierto un debate feroz sobre los límites entre la transformación y el control político.
El punto más polémico de esta reforma es la elección popular de magistrados y jueces federales. A partir del próximo año, cerca de 2,000 jueces y magistrados podrán ser elegidos por la ciudadanía, basándose en listas propuestas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Un cambio que, en teoría, promete una mayor participación ciudadana, pero que en la práctica ha sido duramente criticado por “politizar” la justicia.
La Justicia en la Urna
El cambio es tan audaz como preocupante para algunos. El actual sistema, donde los ministros de la Suprema Corte son elegidos por el Congreso a partir de propuestas del presidente de la república, será reemplazado por una votación popular. Este proceso, dicen los críticos, abrirá la puerta a que el criterio de elección ya no sea el mérito o la independencia, sino las alianzas políticas, el financiamiento o incluso intereses oscuros.
No faltan quienes ven en esta reforma una peligrosa arma de doble filo. Si bien se asegura que busca democratizar el Poder Judicial, muchos analistas temen que, lejos de aumentar la transparencia, consolide una justicia sujeta a los vaivenes políticos. En este escenario, las redes de influencia y el crimen organizado podrían ver en la justicia un espacio más para controlar.
El respaldo del oficialismo
Desde el lado del gobierno, sin embargo, la narrativa es distinta. Para el presidente López Obrador y su movimiento, la reforma es un paso esencial en su ambiciosa Cuarta Transformación, comparada con los hitos históricos como la Independencia y la Revolución de 1910. AMLO ha sido claro: para que su legado sobreviva, debe desmantelar las estructuras de poder “corruptas” que, en su opinión, siguen al servicio de las élites.
La tensión entre el mandatario y la Suprema Corte ha sido pública y notoria. Desde el bloqueo de sus reformas clave, especialmente en el sector energético, la Corte ha sido vista por el oficialismo como una trinchera de la oposición. La reforma, entonces, aparece como la oportunidad de superar esos obstáculos y garantizar que su agenda humanista pueda continuar bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum.
El impacto internacional
La reforma no ha pasado desapercibida en el extranjero. La embajada de Estados Unidos en México expresó su preocupación por el impacto que esta podría tener en la democracia mexicana, así como en el tratado comercial T-MEC. De igual manera, Human Rights Watch y la Relatoría de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces han advertido sobre el riesgo de socavar la independencia judicial, poniendo en duda la rendición de cuentas y la imparcialidad de los jueces.
El dilema del poder
El Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia, y su independencia es crucial para el equilibrio entre poderes. El riesgo de que la reforma convierta a los jueces en meros peones de la política es una posibilidad que no puede ser descartada a la ligera.
¿Estamos ante una reforma que consolidará la justicia para el pueblo o una maniobra para centralizar el poder y eliminar los frenos al oficialismo? El tiempo, y el resultado de las próximas elecciones, serán los que dictarán si esta reforma fue el catalizador de una verdadera transformación o el inicio de un control sin precedentes sobre la justicia en México.