Redacción / Quintana Roo Ahora
CANCÚN.- La fuga de Gilberto “N”, un interno recientemente vinculado a proceso por delitos graves, ha encendido las alarmas en el municipio. La tarde de ayer, el reo logró escapar del centro penitenciario de Benito Juárez, desatando una serie de acciones por parte de las autoridades locales. El Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, aseguró que este hecho no quedará impune y prometió llegar “hasta las últimas consecuencias” para encontrar a los responsables.
Acompañado por el Subsecretario de Seguridad Ciudadana de la Zona Norte, Antonio Esteban Amador Peralta, así como por ministerios públicos, peritos y policías de investigación, López Salazar recorrió las instalaciones del penal en busca de respuestas. Se revisaron las cámaras de seguridad y se inspeccionaron las áreas clave del centro penitenciario, con el objetivo de recabar pruebas para la carpeta de investigación que se ha abierto tras la fuga.
Lo que agrava aún más la situación es la peligrosidad del ahora prófugo. Gilberto “N” fue vinculado a proceso por su presunta participación en crímenes atroces: homicidio calificado, violación y lesiones graves en contra de dos menores de edad. Los delitos ocurrieron el pasado 8 de octubre, cuando, según las primeras investigaciones, aprovechó su cercanía familiar para agredir a los niños. Uno de ellos perdió la vida, mientras que el otro resultó gravemente herido.
Las palabras del Fiscal fueron contundentes: no se tolerará ninguna acción u omisión que haya facilitado esta fuga. El mensaje fue claro: quien haya fallado en su responsabilidad enfrentará las consecuencias. Esta declaración cobra relevancia en un momento en el que la confianza en el sistema penitenciario se tambalea, y el llamado de López Salazar busca calmar la indignación que ha comenzado a crecer entre la sociedad quintanarroense.
Por ahora, la búsqueda de Gilberto “N” continúa. Las autoridades han desplegado un operativo en Benito Juárez y municipios cercanos, mientras la Fiscalía avanza con la investigación. Las familias afectadas, y la sociedad en general, exigen justicia, pero el camino hacia ella parece aún largo y lleno de obstáculos. Las autoridades deberán demostrar que están a la altura del reto que esta fuga representa.