Paso En Falso
Desde hace años, los ciudadanos de Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Cozumel han vivido bajo la administración de Aguakan en su derecho más básico: el acceso al agua. Sin embargo, con cada nuevo intento de quitarle la concesión, el trasfondo legal y político se hace más evidente. A lo largo de los gobiernos, pareciera que esta concesión se ha convertido en una figura casi intocable, amparada por acuerdos cuestionables y decisiones judiciales que la protegen. El último intento de revocar la concesión fue en diciembre pasado, pero el juego legal favoreció nuevamente a Aguakan. Hoy, se está cocinando una nueva ofensiva, pero esta vez con Morena al frente en todos los niveles de gobierno.
Y es que, en teoría, un gobierno que se dice progresista y que representa los valores de la Cuarta Transformación debería ser el primero en promover que servicios tan esenciales como el agua permanezcan bajo control público. Resulta paradójico que, a estas alturas, un derecho humano se privatice en una entidad que defiende ideales de igualdad y justicia. Más allá de la ley, hay algo profundamente político en este nuevo intento de revocar la concesión: si Morena quiere demostrar su compromiso con el cambio real, este es un excelente campo de batalla.
No podemos ignorar, sin embargo, que los caminos legales están cambiando también. Con la reforma judicial y el alineamiento ideológico de varios jueces, parece que se eliminan excusas para proteger la concesión en base a supuestos resquicios legales. Esto coloca a Aguakan en una posición vulnerable que nunca antes había enfrentado. Morena, con su poder centralizado, podría no solo quitarle la concesión a esta empresa, sino también enviar un mensaje claro: la prestación de servicios básicos no es un negocio y no puede seguir en manos privadas.
Ahora bien, el asunto no termina en la legalidad o el simbolismo político. El servicio de agua debe ser de calidad y accesible para todos. Este diciembre Aguakan sería finalmente derrotado, y en ese eco, el gobierno tiene la oportunidad de dar un verdadero paso hacia una administración que ponga a sus ciudadanos y sus necesidades por encima de los intereses de una empresa. Para los quintanarroenses, la esperanza es que esto sea más que un cambio de manos; sea, finalmente, la llegada del agua pública a sus vidas.