Redacción / Quintana Roo Ahora
CANCÚN.- La Fiscalía General de Quintana Roo, en colaboración con la Guardia Nacional y elementos de la Marina, irrumpió este lunes en las instalaciones del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, ubicado en la supermanzana 72. Este cateo responde a una serie de investigaciones en torno al asesinato de José Luis Corrales, quien fuera jefe de diseño del sindicato y que, según autoridades, habría caído víctima de un conflicto interno.
El punto de partida de este despliegue fue la reciente detención de Salomón “N”, conocido como “Mafer”, y Óscar Antonio “N”, ambos figuras clave dentro de la estructura sindical. Las investigaciones preliminares señalan a estos personajes como los autores intelectuales del homicidio de Corrales, un suceso que encendió alarmas sobre la presunta colusión entre líderes sindicales y actividades delictivas en la región.
La intervención se ejecutó en la Ruta 4, con cierres en la calle 71, donde elementos federales aseguraron la zona para facilitar el ingreso de agentes de la Fiscalía al edificio sindical. El operativo fue cauteloso pero firme, con un cerco de seguridad que buscaba garantizar que el cateo se realizara sin interferencias, pero también mostró la urgencia de las autoridades por esclarecer un caso que apunta a la corrupción y violencia en el gremio taxista de Cancún.
Este caso no es aislado. Las tensiones dentro del Sindicato de Taxistas han escalado desde la salida de Rubén Carrillo, líder previo, que dejó el cargo bajo circunstancias cuestionables. Salomón, alias “Mafer”, asumió entonces el liderazgo interino, pero su gestión se ha visto empañada por sospechas y conflictos internos que ahora derivan en detenciones y cateos, abriendo interrogantes sobre la verdadera dimensión de su influencia en el sindicato.
El asesinato de Corrales ha dejado ver los hilos de una posible pugna de poder que va más allá del simple manejo del gremio. Este tipo de operativos de alto perfil parece apuntar a que las autoridades están dispuestas a intervenir en estructuras de poder hasta ahora intocables, enviando un mensaje claro de que el estado no tolerará el uso de la violencia para resolver conflictos internos, mucho menos aquellos enraizados en intereses económicos y de poder.
Las investigaciones continúan mientras se analiza la evidencia recabada en el cateo. Los próximos días podrían arrojar más luz sobre las verdaderas dimensiones de este conflicto sindical que, por el momento, mantiene en vilo a Cancún y proyecta una alerta sobre el rol de las organizaciones gremiales en la paz pública de Quintana Roo.