Paso en falso
La seguridad pública en Quintana Roo no es, ni por mucho, lo que han ofrecido los gobiernos estatal y municipal en Benito Juárez. Dar cifras es ocioso. La percepción de inseguridad de los cancunenses crece todos los días. La esperanza de que se esté combatiendo la delincuencia se desvanece hasta quedar en la nada.
La visita del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, obedece a una estrategia nacional en la cual “visitan” aquellas entidades en las que la delincuencia crece por encima de los niveles habituales. Vino a ofrecer ayuda de la federación, pero su “visita” va en ese orden de ideas.
El secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, contralmirante Julio César Gómez Torres, es un funcionario serio y que conoce de la materia; sin embargo, al igual que en la mayoría de los estados, tiene que trabajar con una secretaría casi desmantelada y recursos que, aunque históricos —alrededor de 614 millones de pesos para este año que termina—, son insuficientes a todas luces.
La convocatoria para tener 500 policías estatales más fue un fracaso. Tuvieron que ampliarla a personal de otros estados de la república porque nadie quiere exponer su vida por 10,500 pesos mensuales en un estado considerado de alta carestía para vivir.
La Fiscalía del Estado hace declaraciones grandilocuentes, pero en los hechos hay nulos avances. Raciel López, a quien el extinto gobernador de Puebla, el morenista Miguel Barbosa, acusó de corrupto, ha sido ratificado y estará en su puesto 12 años más. Antes o después se irá, al igual que su antecesor Montes de Oca: con las alforjas llenas y los resultados vacíos.
Lo mismo un director de la Policía Auxiliar de Cancún, Alejandro Peña, borracho y amenazando a un reportero de nota roja, que un festejo de XV años de la hija de Pedro León Toro Peña con los Tucanes de Tijuana, que fue objeto de notas periodísticas nacionales por tanto descaro. Este último fue restituido en el cargo porque, según la investigación, fue su suegra quien pagó el fiestón.
En todo este entramado, la responsabilidad política es de la gobernadora Mara Lezama, como es natural. Ella lleva en sus manos la decisión de nombrar a los funcionarios, aun en el caso del fiscal, quien supuestamente es autónomo, pero es nombrado por la amplia mayoría que Morena tiene en el Congreso; o sea que, al final, también es un nombramiento de la gobernadora.
En Benito Juárez, es facultad de la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, nombrar a los funcionarios de su gabinete, pero para nadie es un secreto que también allí interviene la gobernadora. Dicho lo anterior, Mara Lezama tendrá que hacer una revisión permanente de los resultados de sus colaboradores.
Hace poco más de un año, dio un manotazo en la mesa y removió, el mismo día, al fiscal y al secretario de Seguridad Pública estatal. No es recomendable remover a los mandos de seguridad pública cuando no han podido desplegar sus estrategias, pero tampoco es recomendable dejarlos si no dan resultados.