Redacción / Quintana Roo Ahora
CHETUMAL.- La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) se encuentra en medio de una investigación interna por presuntas irregularidades en el manejo de recursos, que ha llevado a la baja de personal involucrado. Aunque el director de la dependencia, Hugo Garza Sáenz, se mostró cauteloso al brindar detalles sobre el caso, subrayó que las investigaciones continúan en curso y que la documentación pertinente ha sido remitida a las autoridades judiciales para su análisis.
Garza Sáenz, en declaraciones recientes, mencionó que la situación es delicada debido al presunto delito cometido por el personal de la CAPA. Sin embargo, prefirió no revelar más detalles, ni los montos involucrados, ya que están en proceso de cruce de información con las instancias investigadoras y los bancos. A pesar del sigilo, el director aseguró que la malversación de fondos fue detectada a tiempo, lo que permitió tomar acciones para evitar mayores consecuencias financieras para el organismo.
«Por fortuna, se logró detectar a tiempo esta presunta malversación de fondos, por lo cual ya estamos haciendo las gestiones necesarias con la autoridad pertinente para regresar los recursos a las arcas de la instancia», comentó el funcionario.
Este incidente se suma a un contexto reciente de investigaciones sobre irregularidades en la misma institución. En octubre, se dio a conocer que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) está investigando a cuatro empleadas de la CAPA, a raíz de una denuncia interpuesta por la Dirección Jurídica. La acusación, que involucra un presunto peculado superior a los 22 millones de pesos, estaría relacionada con la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF).
La investigación se desarrolló a partir de una conciliación bancaria y una revisión de los estados financieros del último año. Según las autoridades, se detectó un faltante de más de 22 millones de pesos, y se descubrió que tres empleadas habrían invertido estos fondos en criptomonedas, una inversión que no prosperó debido a la crisis provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania.
Frente a estos hechos, Garza Sáenz enfatizó que la CAPA está llevando a cabo una limpieza interna y reiteró su postura de cero tolerancia hacia la corrupción. Aseguró que desde que asumió la dirección de la Comisión, cualquier irregularidad detectada ha sido puesta en conocimiento de las autoridades correspondientes.
«Todo lo que se detecta desde que asumí la titularidad de la CAPA se hace del conocimiento de la autoridad administrativa, investigadora o judicial», concluyó el director, reafirmando su compromiso con la transparencia y la integridad de la institución.
El sigilo con el que se maneja la investigación busca proteger la confidencialidad de las personas involucradas y dar continuidad al proceso judicial sin alertar a los implicados, lo que podría poner en riesgo el avance de la misma.
Esta situación resalta una vez más la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión en las instituciones públicas, especialmente en áreas tan sensibles como la gestión de recursos financieros, en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas siguen siendo desafíos persistentes.