Paso En Falso
Desde 2009, los Tigres de Quintana Roo han sido algo más que un equipo de béisbol. Con más de 360 millones de pesos de fondos públicos destinados a subsidiar su operación, esta franquicia deportiva ha recibido una generosa cantidad del erario estatal. Los números son alarmantes: 239.7 millones otorgados por los exgobernadores Félix González y Roberto Borge, 125.2 millones más por Carlos Joaquín, y 18.24 millones a finales de 2020, bajo un contrato con Fernando Valenzuela Burgos. Pero la pregunta que se hacen los ciudadanos de Quintana Roo no es cuánto hemos pagado, sino por qué.
Estos subsidios representan un golpe doloroso para un estado que enfrenta profundas desigualdades sociales, crisis de infraestructura y deficiencias en servicios básicos. ¿En qué momento el gobierno decidió que un equipo de béisbol merecía más apoyo financiero que las comunidades marginadas? Peor aún, la opacidad de estas transacciones levanta sospechas de algo más turbio: un posible esquema de blanqueo de capitales bajo el disfraz de fomento al deporte. Y si no hay nada que ocultar, ¿por qué no se ha rendido cuentas claras?
El tema no es estar en contra del deporte; es exigir coherencia y justicia en el uso de nuestros impuestos. Los Tigres, aunque un orgullo para algunos, no representan una prioridad para todos. Es hora de cuestionar si realmente queremos que el dinero del pueblo financie una empresa que, siendo privada, debería ser autosustentable. Porque si los beneficios son para pocos, entonces que el acceso sea para todos. Por lo menos, regálenos entradas gratuitas, ¿no?
Los ciudadanos de Quintana Roo merecen más que explicaciones vagas; merecen una auditoría exhaustiva de estos gastos. Porque en un estado con necesidades tan apremiantes, cada peso cuenta. Y aunque el béisbol pueda ser el «rey de los deportes», los quintanarroenses sabemos que el verdadero juego no está en el diamante, sino en los pasillos del poder. ¿Hasta cuándo seguiremos jugando en esta liga de engaños?