Redacción / Quintana Roo Ahora
CANCÚN.- En el fraccionamiento Urbi Villas del Rey, más de 5 mil 170 familias sobreviven diariamente entre el mal olor de las aguas negras y un paisaje de calles sin pavimentar. Este asentamiento, inaugurado con bombo y platillo en 2009, se ha convertido en un recordatorio constante de la negligencia de las autoridades y la voracidad de las desarrolladoras.
La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) ha dejado claro su posición: la construcción de una planta de tratamiento de aguas negras es responsabilidad del Ayuntamiento de Benito Juárez y de la empresa concesionaria Aguakan. Argumentan que cualquier intervención por su parte sería considerada una desviación de recursos. Sin embargo, mientras las instancias se deslindan de sus deberes, los habitantes del fraccionamiento siguen sufriendo las consecuencias de una infraestructura incompleta y una calidad de vida que dista mucho de ser digna.
El caso de Urbi Villas del Rey no es un hecho aislado; representa un patrón que afecta a más de 100 fraccionamientos en Cancún. Desde el inicio de su comercialización, en 2009, este desarrollo carecía de servicios esenciales como agua potable y drenaje. A pesar de ello, las autoridades municipales de aquel entonces otorgaron los permisos necesarios, perpetuando una cadena de corrupción y negligencia.
La organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) ha tomado cartas en el asunto. Recientemente, logró un amparo indirecto contra diversas instancias, incluyendo la CAPA, el Ayuntamiento de Benito Juárez y el Infonavit, por la omisión en la supervisión y regulación de los servicios básicos en el fraccionamiento. Este fallo judicial señala también la existencia de una fianza por casi 13 millones de pesos, presentada por la desarrolladora CYD Desarrollos Urbanos S.A. de C.V. en caso de incumplimiento. Sin embargo, dicha fianza nunca ha sido ejecutada.
“El proyecto del fraccionamiento Urbi Villas del Rey fue abandonado antes de su conclusión, sin que se entregara la totalidad de la red de alcantarillado y drenaje”, señala un oficio emitido por la CAPA. Mientras tanto, Aguakan ha instalado soluciones provisionales, pero estas son insuficientes para atender la magnitud del problema.
En este entramado de responsabilidades diluidas, las familias afectadas siguen esperando respuestas claras y acciones concretas. Los amparos, aunque son un avance, no resuelven el día a día de miles de personas que enfrentan riesgos a su salud y bienestar. El caso de Urbi Villas del Rey es un recordatorio urgente de la necesidad de supervisión real y compromiso por parte de las autoridades, para que los errores del pasado no se sigan perpetuando en el futuro.