Redacción / Quintana Roo Ahora
Cancún, Quintana Roo, a 18 de febrero de 2025.– Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC)-Aguakan, empresa encargada de prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad, informó a sus inversionistas a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que el Gobierno de Quintana Roo interpuso una denuncia penal en contra de funcionarios y consejeros de la compañía. La denuncia está relacionada con hechos ocurridos hace más de una década, específicamente en 2014, en torno a una modificación de la concesión de la empresa.
Según Aguakan, la denuncia carece de sustento jurídico, ya que en 2014 se llegó a un acuerdo con el Gobierno estatal para ampliar el plazo de la concesión hasta 2053 e incluir el servicio de agua en Solidaridad. Como parte de este acuerdo, la empresa pagó mil 055 millones de pesos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del estado como contraprestación única. La compañía asegura que todas las acciones relacionadas con el nuevo contrato se realizaron de manera transparente y conforme a la ley, con la aprobación del Consejo Directivo de la CAPA, los cabildos municipales y el Congreso del Estado de Quintana Roo.
Aguakan señaló que la Gobernadora María Elena Lezama Espinosa ha sido mal informada en relación con los hechos objeto de la demanda y reiteró su disposición para dialogar con su administración con el fin de encontrar soluciones en el marco del derecho. La empresa destacó que los recursos de 22.5 millones de trabajadores que participan en su capital a través de las Afores Banamex, Sura, Principal y Pensionissste, así como del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), podrían verse afectados por esta situación.
DHC-Aguakan, una empresa 100% mexicana, ha invertido más de 8 mil 223 millones de pesos en infraestructura en el estado, incluyendo la conexión de 3 mil 250 kilómetros de tuberías de agua. La compañía confía en que los tribunales demostrarán que se actuó de manera correcta y que el Estado de derecho en Quintana Roo se respeta.