Redacción / Quintana Roo Ahora
CANCÚN.- Desde su nacimiento, la concesión de DHC-Aguakán huele a corrupción. Fue en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari y Mario Villanueva cuando esta empresa se quedó con la operación del agua potable en Benito Juárez (Cancún) e Isla Mujeres. Y como era de esperarse, los gobiernos priistas que le siguieron se encargaron de apapacharla.
El escándalo no es nuevo. Documentos revelan que el propio gobierno estatal, a través de CAPA o la entonces Sintra, realizó obras que Aguakán debía costear. No solo eso: se contrataron créditos con dinero público para que la empresa privada eludiera sus responsabilidades.
El colmo de los colmos llegó con Roberto Borge, quien, en uno de sus tantos favores al empresariado que lo protegía, extendió la concesión por 30 años más. Hoy, «Beto» Borge está preso por corrupción, pero su herencia sigue viva en Quintana Roo.
Fue precisamente el hartazgo ciudadano lo que llevó al poder a Carlos Joaquín, quien, arropado por el PRD y el PAN, prometió ponerle un alto a Aguakán. Pero las promesas se quedaron en discursos huecos. Al terminar su sexenio, se descubrió que la empresa ni siquiera rindó cuentas a CAPA y que, lejos de enfrentar sanciones, gozó de un trato privilegiado.
El «gobierno del cambio» no solo falló: engañó. Su responsabilidad es doble: legal, por perpetuar la simulación, y política, por traicionar la confianza de los ciudadanos que creyeron en un verdadero cambio.
Hoy, la administración de la 4T en Quintana Roo ha iniciado acciones legales contra DHC-Aguakán, pero la gran pregunta sigue en el aire: ¿cuándo se castigará a los servidores públicos que la protegieron durante décadas? Porque la corrupción no solo se trata de empresas abusivas, sino de los funcionarios que les allanan el camino.