Redacción / Quintana Roo Ahora
Chetumal.- Luego de denuncias por el ejercicio irregular de la función pública, cinco servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo fueron separados de sus cargos tras detectarse el desvío de más de seis millones de pesos en bonos navideños. Las investigaciones avanzan para deslindar responsabilidades y aclarar el uso indebido de recursos públicos.
Entre los funcionarios destituidos se encuentran:
- Rubén Zarif Ávalos Garnica, director de Administración y Finanzas.
- Armando Guadalupe Dzib Cupul, director de Recursos Financieros.
- Marte Paolo Cárdenas Fernández, subdirector de Contabilidad.
- Maritza Gómez Betancourt, directora de Recursos Humanos.
- Manuel Villanueva Chan, director de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Estos servidores públicos, vinculados al equipo del exsecretario de Finanzas y actual senador de Morena, Eugenio Segura Vázquez, habrían asignado y cobrado bonos navideños en diciembre por montos que, en conjunto, superan los seis millones de pesos. Esto contrasta con las políticas de austeridad impulsadas por la gobernadora Mara Lezama, quien ha enfatizado la importancia de la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos.
Tras la destitución, el fiscal general Raciel López Salazar designó a nuevos funcionarios para ocupar los cargos vacantes:
- Sergio Chab Ruiz, como director de Administración y Finanzas.
- Marcela Pacheco Poot, en la Dirección de Recursos Financieros.
- Rosario Castillo Villanueva, como directora de Recursos Humanos.
- Alberto Alfaro Hernández, como director de Recursos Materiales y Servicios Generales.
La toma de protesta de los nuevos funcionarios se realizó de manera privada, a puerta cerrada, como parte de las medidas para garantizar la transparencia y eficiencia en la administración de la dependencia.
Este caso ha generado un fuerte impacto en la opinión pública, ya que evidencia posibles actos de corrupción al interior de una institución clave para la justicia en el estado. Las autoridades han reiterado su compromiso con la rendición de cuentas y han asegurado que no se tolerarán irregularidades en el ejercicio de la función pública.
Mientras las investigaciones continúan, la sociedad quintanarroense espera que se aplique la ley con rigor y que se siente un precedente para evitar futuros casos de malversación de recursos.