Redacción / Quintana Roo Ahora
PUERTO MORELOS.- Quintana Roo vivió, una vez más, el desenlace de una historia que había sido un secreto a voces. La ex presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, fue inhabilitada por 20 años por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, por abuso de funciones públicas. Lo que parecía ser un mal manejo de los recursos, terminó por destapar un entramado mucho más complejo que involucra a figuras como Gerardo García, dueño del periódico Novedades de Quintana Roo, y Marco Lozano Ogman, quien, bajo promesas y engaños, buscaba apoderarse del poder del Estado a través de Fernández Piña.
Este escándalo no es nuevo para los habitantes de Puerto Morelos. Durante su gestión (2016-2021), Laura Fernández estuvo envuelta en varios casos de irregularidades administrativas, desde la adjudicación de contratos a empresas vinculadas a ella y su esposo, Carlos Alberto Moyano Menchaca, hasta un incremento desmedido en los costos de obras públicas. El contrato de alumbrado público, que pasó de 42.9 millones a 381.6 millones de pesos, y el contrato para la construcción de una unidad administrativa, cuyo presupuesto creció de 57.9 millones a 336 millones, son solo algunos de los ejemplos que se han ventilado durante este proceso.
A raíz de esta corrupción, la actual alcaldesa, Blanca Merari Tziu Muñoz, no solo denunció los daños patrimoniales a la hacienda municipal, sino que reveló que el municipio se encontraba en una situación financiera alarmante, con una deuda superior a los 830 millones de pesos. La quiebra técnica de Puerto Morelos, además de las malas decisiones tomadas durante la gestión de Fernández Piña, dejó a la ciudad al borde del colapso económico.
Pero más allá del daño económico y el escándalo de corrupción, lo que no se puede dejar de lado es la conexión entre este caso y el fallido intento de Gerardo García, quien bajo la fachada del Novedades de Quintana Roo, quiso apoderarse del Estado. En este proyecto que se desmoronó, Laura Fernández fue la pieza clave que, según fuentes cercanas, fue manipulada por Lozano Ogman para hacerle creer que podría convertirse en una figura de poder a nivel estatal. Sin embargo, el resultado fue otro: su condena de 20 años de inhabilitación.
La historia de Fernández Piña no solo es la de una política que abusó de su poder, sino también la de un sistema de corrupción que involucra a múltiples actores, con intereses personales que sobrepasaron el bienestar de los ciudadanos. Esta sanción es una muestra de cómo los secretos a voces, al final, encuentran su camino a la justicia.
Lo que queda claro es que, como tantas veces ha ocurrido en Quintana Roo, aquellos que intentaron manipular el sistema para beneficio propio y a costa de la comunidad, tarde o temprano enfrentan las consecuencias de sus actos.