Paso En Falso
En el escenario político de Quintana Roo, las administraciones de Juan Carrillo Soberanis en Isla Mujeres y Laura Beristain Navarrete en Solidaridad han sido protagonistas de una serie de acusaciones por presuntas irregularidades y actos de corrupción. A pesar de las numerosas denuncias y evidencias presentadas, la percepción general es que muchos de estos actos han quedado impunes o han recibido sanciones que no corresponden a la gravedad de los señalamientos. La falta de resultados contundentes en los procesos judiciales alimenta la desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de impartir justicia y combate a la corrupción.
Durante su gestión, Juan Carrillo Soberanis enfrentó múltiples denuncias por presunto desvío de recursos públicos. En septiembre de 2022, el Ayuntamiento de Isla Mujeres presentó seis nuevas denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, incrementando el daño patrimonial detectado al municipio a más de 220 millones de pesos. Estas denuncias se sumaron a otras previamente interpuestas, acumulando un total de nueve acusaciones penales contra exfuncionarios de su administración, incluido el propio Carrillo Soberanis, por un faltante estimado de 250 millones de pesos del erario municipal. A pesar de la gravedad de las acusaciones, hasta la fecha no se han reportado sentencias definitivas en su contra. Algunas denuncias continúan su curso legal, mientras que otras parecen haber quedado en el olvido, sin avances significativos en los procesos judiciales.
Por su parte, la administración de Laura Beristain Navarrete también ha sido objeto de múltiples señalamientos por presuntas irregularidades financieras. La Auditoría Superior de la Federación notificó una presunta afectación a la Hacienda Pública Municipal por 248 millones 430 mil 388 pesos correspondientes al ejercicio 2021, durante su gestión. Derivado de estas observaciones, se conformaron 48 expedientes de investigación por actos de corrupción, abuso de funciones, delitos electorales, desvío de recursos públicos e incumplimiento de contratos, además de 14 denuncias por peculado. En julio de 2024, casi tres años después de concluir su mandato, el Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo inhabilitó a Beristain Navarrete por tres meses debido a irregularidades en el proceso de entrega-recepción. Sin embargo, esta sanción ha sido considerada por algunos sectores como insuficiente en comparación con la magnitud de las acusaciones en su contra.
Es imperativo que las autoridades correspondientes actúen con diligencia y transparencia para garantizar que los responsables rindan cuentas y , sí es que aún están a tiempo, recuperen la confianza de la ciudadanía.