Redacción / Quintana Roo Ahora
Quintana Roo.- En un hecho histórico para Quintana Roo, la justicia local emitió el primer fallo condenatorio por el delito de violencia digital. El caso involucra a un joven de 22 años, identificado como Eduardo Augusto, originario de Yucatán, quien fue sentenciado por grabar sin consentimiento a su entonces novia y compartir un video íntimo en tres ocasiones. El fallo, dictado el pasado 18 de febrero, podría resultar en una pena de hasta 12 años de prisión para el acusado.
El fiscal general del estado, Raciel López Salazar, confirmó los detalles durante la conferencia semanal del Gabinete de Seguridad. Los hechos ocurrieron el 28 de septiembre de 2020 en el municipio de José María Morelos, donde Eduardo Augusto compartió el video sin autorización de la víctima, quien en ese momento era su pareja sentimental. La grabación fue distribuida en diferentes momentos: en octubre y noviembre de 2021 a través de WhatsApp, y el 28 de febrero de 2021 en dispositivos electrónicos de un grupo de amigos, además de ser difundida en una página de Facebook llamada “Unidos”.
El juez consideró agravantes en el caso, como el hecho de que la víctima es una joven estudiante de origen maya, lo que, sumado a factores como su identidad cultural, género y clase social, incrementó la afectación. La sentencia definitiva se determinará este martes, y se espera que el condenado reciba una pena significativa.
El caso ha sido seguido de cerca por el colectivo feminista Defensoras MX, que brindó acompañamiento a la víctima. A pesar de las estrategias jurídicas y la defensa de servidores públicos locales a favor del acusado, se logró un fallo condenatorio. Este proceso comenzó en octubre de 2021 con la primera vinculación a proceso por violencia digital sexual en la historia de Quintana Roo.
En marzo de 2022, se trabajó en la reparación integral del daño, que incluyó una disculpa pública del agresor en los mismos medios donde se difundió el contenido. Finalmente, en 2023, tras varios intentos del acusado por ampararse, se dictó el auto de apertura del juicio, el cual concluyó la semana pasada con la sentencia condenatoria.
Este caso sienta un precedente importante en la aplicación de la llamada Ley Olimpia, aprobada por unanimidad en el Congreso de Quintana Roo en septiembre de 2020. Dicha ley tipifica como delito la violencia digital, que incluye actos como el acoso, hostigamiento, amenazas y la difusión no consensuada de contenido íntimo. Este fallo representa un avance significativo en la protección de los derechos digitales y la privacidad de las personas en el estado.