Redacción / Quintana Roo Ahora
MONTERREY.- El caso de presunto abuso sexual en el campus Las Torres de la Universidad TecMilenio en Monterrey, Nuevo León, ha generado una fuerte reacción por parte de la comunidad estudiantil y la opinión pública. Los estudiantes han manifestado su indignación y exigen justicia, ya que el afectado, identificado como Rudy, es un joven de 16 años con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), lo que ha aumentado la preocupación por su vulnerabilidad.
Según los reportes, el presunto abuso ocurrió en los baños de la institución, donde un grupo de 4 o 5 personas habría agredido sexualmente a Rudy, tomando fotos y videos del acto. Además, se menciona que el joven se defendió golpeando a uno de los agresores, lo que resultó en manchas de sangre en el lugar. La situación se ha complicado debido a las acusaciones de que las autoridades escolares intentaron encubrir el hecho y suspendieron al afectado por tres días, en lugar de tomar medidas inmediatas contra los presuntos agresores, al parecer, por tratarse de un alumno hijo, presuntamente, de un miembro del gabinete del gobernador, Samuel García.
Las protestas estudiantiles incluyeron pancartas y pintas en las instalaciones, exigiendo que el caso no quede impune. Los alumnos han presionado a las autoridades educativas para que actúen de manera transparente y justa. Sin embargo, cuando agentes ministeriales llegaron al campus para investigar, se les negó el acceso, lo que ha generado más dudas sobre el manejo del caso por parte de la institución.
La universidad emitió un comunicado en su cuenta de Facebook, afirmando que toman el caso con seriedad y que siguen protocolos institucionales para garantizar la seguridad y confidencialidad de las personas involucradas. También mencionaron que están acompañando a las familias afectadas y que la investigación está en curso. No obstante, pidieron a la comunidad actuar con responsabilidad y evitar difundir información no verificada para no revictimizar a las personas involucradas.
Este caso ha puesto en evidencia la necesidad de que las instituciones educativas cuenten con protocolos claros y efectivos para manejar situaciones de abuso y violencia, garantizando la protección de los estudiantes y la justicia para las víctimas. La presión social y mediática probablemente seguirá aumentando hasta que se tomen acciones concretas y se esclarezca la verdad de lo ocurrido.