Redacción / Quintana Roo Ahora
ESTADO DE MÉXICO.- En una historia que parece sacada de un thriller judicial, la disputa por una casa en Chalco se convirtió en un caso de homicidio, despojo y una familia rota que hoy ocupa los titulares en el Estado de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó recientemente que Mariana “N”, hija de Carlota “N”, es la legítima propietaria del inmueble donde, el pasado 1 de abril, dos hombres fueron asesinados y un adolescente resultó gravemente herido.
La noticia cobra otra dimensión cuando se observa no solo desde la óptica de los hechos violentos, sino desde la tensión social que crece alrededor del derecho a la vivienda, la falta de mecanismos eficaces de protección y la complejidad de los vínculos familiares en contextos de conflicto patrimonial. Porque esta no es solo una historia de invasión de propiedad: es también una tragedia humana.
Mariana había denunciado ante el Ministerio Público, apenas el 27 de marzo, que tres hombres habían entrado sin permiso a la casa ubicada en Hacienda La Labor, en la colonia Ex Hacienda de Guadalupe. No solo irrumpieron: sacaron pertenencias, tomaron control del espacio y desataron lo que luego sería una cadena de acontecimientos fatales. Un día después, personal ministerial acudió al predio, pero lo encontró cerrado con cadena y candado. La escena ya era un campo minado.
Carlota “N”, Mariana “N” y Eduardo “N” fueron detenidos y trasladados al penal de Chalco por su presunta participación en los hechos del 1 de abril. La fiscalía, en paralelo, solicitó medidas de protección para Mariana y pidió acceso a cámaras de videovigilancia y registros oficiales del predio. Para el 4 de abril, el Ministerio Público había concluido que Mariana tenía legítima posesión del inmueble. Pero, en una vuelta inesperada, su representante legal rechazó tomar posesión de la propiedad. Un “no gracias” que dice más de lo que calla: el miedo, la inseguridad o simplemente el duelo ante lo perdido, parecen pesar más que un título de propiedad.
La Fiscalía asegura que las investigaciones siguen abiertas, tanto por el homicidio como por el despojo. Y es que este caso refleja cómo el acceso a la justicia y a un techo digno pueden chocar con una realidad violenta, burocrática y desigual.
En el fondo, más allá de los nombres ocultos tras iniciales, lo que nos queda es la imagen de una madre y dos hijos tras las rejas, una casa marcada por la sangre y un país donde pelear por tu patrimonio todavía puede costarte todo, incluso la libertad… o la vida.