Paso En Falso
En Playa del Carmen hay una historia que se repite con cada cambio de gobierno del viejo régimen, como una herida mal cerrada que supura corrupción: se van unos, llegan otros, y lo primero que se descubre es un agujero en las finanzas que nadie explica con claridad. Ahora, desde la oficina de la Contralora Cristina Alcérreca, nos dicen que el daño patrimonial por presuntas irregularidades en la gestión de Lili Campos supera los 148 millones de pesos, sin contar los 400 millones adicionales en observaciones federales. ¿Cómo se llega a esa cifra sin que nadie lo advierta a tiempo? ¿En qué momento se volvió costumbre saquear con traje institucional y sonrisa de campaña?
No es casualidad que las áreas con mayores montos observados sean justamente las que manejan efectivo, contratos y relaciones públicas: espectáculos, recursos humanos, medios de comunicación. Es decir, la caja chica y la caja grande del poder. Mientras las y los solidarenses caminaban entre baches, inseguridad y servicios públicos deficientes, se movían millones bajo la alfombra, con razón buscaba la reelección. La Unidad de Espectáculos sola concentra 91 millones de pesos observados —¿fue un carnaval de facturas o un desfile de empresas fantasma?— y en Recursos Humanos se esfuman 31 millones sin aparente justificación.
Es alentador que la nueva administración de Estefanía Mercado haya abierto 183 expedientes, cumpliendo con ello su compromiso con la transparencia. Playa del Carmen necesita resultados concretos: sanciones, recuperaciones de dinero y una limpia real en las estructuras que permiten este tipo de desfalcos. Porque no se trata sólo de castigar el pasado, sino de blindar el futuro y al momento, la actual administración ha demostrado voluntad política, y eso, se agradece.
Lili Campos, como tantas figuras del viejo régimen, apostó a que el tiempo borraría su legado. Pero las cifras hablan: más de 600 millones en observaciones no son una casualidad ni una exageración. Son el reflejo de una política que entendió el gobierno como un negocio. Hoy el pueblo exige más que auditorías: exige justicia. Y esa justicia, para ser real, debe dolerle a quien hizo de la función pública una caja registradora.