Redacción/Quintana Roo Ahora
YUCATÁN.- El 8 de agosto, Mauricio Efraín Estrada Pérez, abogado y padre de Lucía, secuestró a su propia hija aprovechando una convivencia de fin de semana. La madre, Éricka Contreras Pérez, sigue esperando justicia mientras el poder judicial y la Fiscalía de Yucatán retrasan la restitución de la niña con trabas legales y corrupción.
Desde que Lucía tenía 15 días de nacida, su padre mostró señales alarmantes: «No quiero tocarla porque solo pienso en tirarla de la cuna», le dijo a Éricka. La violencia escaló hasta que ella decidió huir. Sin embargo, con su conocimiento del sistema, Mauricio fabricó denuncias falsas y consiguió amparos que le permitieron quedarse con la niña, pese a la existencia de una Alerta Amber y múltiples denuncias en su contra.
Éricka ha enfrentado un calvario burocrático. Aunque la restitución de su hija se ordenó el 27 de agosto, al acudir con la fuerza pública a buscarla, la casa estaba vacía. Luego, un juez federal concedió la custodia provisional al padre, argumentando una supuesta investigación por abuso sexual contra un tercero, denuncia sin pruebas ni avance.
Los meses han pasado y las audiencias se postergan indefinidamente. La violencia vicaria, reconocida en México desde enero de 2024, sigue siendo ignorada por jueces y fiscales. Mientras tanto, Éricka teme por la vida de Lucía. «Tengo miedo de que la mate», confiesa. Su ex pareja, a quien el Congreso de Yucatán nombró consejero de derechos humanos, sigue libre y protegido por el sistema.
Con información de La Jornada