Redacción / Quintana Roo Ahora
Cancún.- La polémica concesión de Aguakán para operar el servicio de agua potable y alcantarillado en Cancún e Isla Mujeres ha entrado en un enredo judicial complejo que mantiene paralizado su retiro, a pesar del mandato popular expresado en una consulta pública. Lo que aparentaba ser un conflicto local se ha convertido en una disputa legal con implicaciones internacionales, marcada por cláusulas contractuales blindadas, arbitrajes extranjeros y recursos jurídicos que han resultado favorables para la empresa, al menos hasta ahora.
El punto clave se encuentra en un Juicio Especial Mercantil sobre Transacciones y Arbitraje, promovido por Aguakán en 2022 en el Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México. En este juicio, la empresa invocó la Cláusula Trigésima Primera de su título de concesión —modificado en 2014— que estipula que cualquier disputa por retiro del servicio debía resolverse mediante un arbitraje internacional. Fue así como Aguakán solicitó la intervención de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, en un intento de llevar el litigio fuera del alcance inmediato de las autoridades mexicanas.
Mientras tanto, Aguakán logró obtener una suspensión definitiva a través de un juicio de amparo, la cual impide —de momento— que se le retire la concesión en Cancún e Isla Mujeres. Para hacerlo efectivo, entregó una garantía económica de 5.5 millones de pesos el 15 de julio de 2024. En contrapartida, el gobierno de Quintana Roo ha promovido recursos de impugnación, como el expediente 394/2024, incluso ofreciendo garantías mayores, pero hasta el momento, ninguna autoridad judicial ha dado entrada a estas propuestas.
Uno de los puntos más polémicos fue la confusión cometida por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia del 6 de mayo se refirió erróneamente a este juicio mercantil como si se tratara del juicio de amparo 1323/2023, cuya sentencia del 14 de abril pasado no favoreció a Aguakán. La realidad, sin embargo, es que se trata de procesos distintos, según confirman los expedientes a los que este medio ha tenido acceso.
El pleito jurídico no se queda en lo administrativo. Mientras las audiencias avanzan lentamente, los socios y directivos de Aguakán enfrentan órdenes de aprehensión por presunto lavado de dinero, aunque estas también han sido momentáneamente frenadas por amparos. Algunas versiones indican que estas acciones podrían usarse como presión política y jurídica para obligar a la empresa a ceder el contrato, dejando el camino libre para que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) tome el control.
El Tribunal Colegiado de Circuito ha asumido la revisión del caso de apelación, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negara a atraer el asunto, una señal de que este conflicto, lejos de resolverse en lo inmediato, se irá prolongando mientras las suspensiones judiciales estén vigentes.
En conclusión, el retiro de la concesión a Aguakán se ha convertido en un campo minado jurídico, donde el Estado de Quintana Roo enfrenta no solo a una empresa con recursos económicos y estrategias legales sólidas, sino también a un marco contractual que fue estructurado para protegerla internacionalmente. El derecho al agua, considerado como un bien público, continúa atrapado en un laberinto judicial.