Redacción / Quintana Roo Ahora
Cancún, Quintana Roo, a 5 de mayo de 2025. – Mientras las postales del Caribe mexicano deslumbran con arenas blancas y hoteles cinco estrellas, a solo unas cuadras del bullicio turístico existe un rostro ignorado y doloroso: la prostitución clandestina, el crimen organizado y el abandono institucional. La Supermanzana 66, conocida popularmente como la calle de “Las Sirenas”, se ha convertido en una zona de tolerancia no oficial, donde la vida y la dignidad de cientos de mujeres se negocian al margen de la ley y bajo el acecho del peligro.
Según el Censo de Población del Inegi, en México más de 800 mil personas ejercen la prostitución, pero en Cancún, uno de los destinos turísticos más visitados del mundo, esta actividad ocurre en condiciones de explotación, violencia e impunidad. En la zona entre las calles 5 y 10, cerca de la diagonal Tulum y la avenida Francisco I. Madero, mujeres de todas las edades ofrecen servicios sexuales a cambio de tarifas de entre 150 y 500 pesos. Son vigiladas por grupos de hombres que controlan el negocio y que, ante la presencia de extraños, activan una red de vigilancia silenciosa. Hablar con la prensa, para ellas, es un riesgo.
Los abusos no son solo del crimen: múltiples denuncias apuntan a que policías municipales han extorsionado, golpeado y robado a estas mujeres y sus clientes. En 2020, algunas trabajadoras sexuales denunciaron que agentes ingresaban a sus cuarterías para robar dinero y celulares. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo emitió una recomendación, pero el acoso continúa y el Estado brilla por su ausencia.
La historia de esta zona de tolerancia se remonta a finales de los 80, cuando obreros del sur del país se asentaron en Cancún y comenzaron a demandar servicios sexuales. Primero en las Supermanzanas 63 y 64, y luego en la 66. Intentos por regular la actividad, como el proyecto de Plaza 21, fracasaron entre corrupción, inseguridad y el crecimiento desordenado de la ciudad. Hoy, las cuarterías siguen activas, incluso frente a terminales de autobuses foráneos que cada semana traen a nuevos clientes.
La prostitución en Cancún no solo persiste, sino que se transforma: desde bares disfrazados de marisquerías hasta casas de citas anunciadas por redes sociales. Muchos negocios han sido atacados con fuego y armas de fuego por el crimen organizado ante el impago de “derecho de piso”. En uno de los episodios más trágicos, el incendio del bar Castillo del Mar en 2010 dejó ocho muertos. En otros, como los ataques a spas y bares como «La Oficina» y «La Xtabay», la violencia se ha cobrado la tranquilidad –y la vida– de muchas mujeres.
Pero el problema no se limita a la inseguridad. Quintana Roo registró en 2024 la tasa más alta de contagios por VIH del país, con un alarmante 49.2%, según Censida. La falta de regulación, censos oficiales y programas de salud pública convierte la prostitución en un riesgo sanitario mayúsculo. Aunque organizaciones como Red Positiva promueven pruebas de detección, el estigma y el anonimato dificultan el control. Hoy, muchas mujeres venden sexo por internet o a domicilio, lo que dificulta aún más su seguimiento médico y legal.
Pese a los esfuerzos de algunos políticos por crear marcos legales que regulen esta actividad y la protejan del crimen y la explotación, ninguna propuesta ha prosperado. Los prostíbulos clandestinos siguen funcionando, la prostitución callejera se dispersó por toda la ciudad, y el crimen organizado mantiene el control de zonas completas sin que las autoridades se atrevan a intervenir.
Cancún esconde, bajo su fachada de paraíso, una realidad donde mujeres y niñas siguen siendo mercancía en un mercado clandestino, desprotegidas por el Estado y devoradas por la impunidad. La “vida galante” en la calle de Las Sirenas no es más que un reflejo del fracaso colectivo de una sociedad que ha decidido mirar hacia otro lado.