Redacción / Quintana Roo Ahora
Mientras el discurso oficial presume que la violencia en Quintana Roo va a la baja, la realidad del sur y centro del estado pinta un panorama opuesto: asesinatos selectivos, vigilancia clandestina y desapariciones sin respuesta. A dos meses del atentado que cobró la vida del secretario de Seguridad de Tulum, una nueva ola de violencia ha dejado a la población envuelta en miedo… y a sus autoridades, en un silencio que duele.
El asesinato de Evaristo Gómez Díaz, líder cañero de la Ribera del Río Hondo, junto a su chofer y escolta, estremeció a Othón P. Blanco y Bacalar. No era un líder cualquiera: sobreviviente de dos atentados previos, defensor de su gremio y figura clave del agro en el sur del estado. Su ejecución, en una brecha de terracería cercana a Sacxán, fue brutal. Y lo más alarmante: fue ignorada por el gobierno. Ni la gobernadora Mara Lezama ni el Congreso local –lleno de representantes de la llamada “Cuarta Transformación”– se han dignado a emitir una condena pública.
“¿Qué nos espera a nosotros, humildes mortales?”, se preguntan los ciudadanos en redes. Si un líder cañero con escoltas puede ser asesinado sin consecuencias, ¿qué protección tiene el ciudadano común?
A la indignación se suma un fenómeno inquietante: el hallazgo de al menos 90 cámaras de videovigilancia instaladas sin autorización en zonas como Mahahual, Chetumal, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel y Cancún. El propio secretario de Seguridad, Julio César Gómez, admitió que muchas podrían estar ligadas al crimen organizado. Espionaje público, tolerado y expandido.
Y si eso no basta, en Bacalar, madres buscadoras descubrieron lo que podría ser un crematorio clandestino en la comunidad de Limones. Restos óseos calcinados, teléfonos destruidos… Pero, como era de esperarse, la Fiscalía General del Estado descartó la existencia de un “campo de exterminio” y se apresuró a declarar que los restos eran “animales”. Sin pruebas contundentes, pero con prisa para apagar el escándalo.
Entre enero y marzo de 2025, se reportaron 376 personas desaparecidas en el estado. Solo 176 fueron localizadas. ¿Y las otras 200? Algunas permanecen desaparecidas; otras, ni siquiera figuran en registros actualizados. La impunidad se multiplica en cifras que pocos se atreven a cuestionar.
Todo esto sucede mientras el discurso oficial se mantiene en piloto automático: que vamos bien, que hay coordinación, que se combate la delincuencia. Pero lo que no se combate es el silencio institucional. Ni la gobernadora, ni el fiscal, ni los diputados locales han dado la cara por los cañeros ni por las víctimas del sur. La última vez que Evaristo Gómez fue visto con vida, estaba junto a ellos, en un evento oficial en Chetumal.
Cinco días después apareció muerto.
El silencio mata tanto como las balas. Y en el sur de Quintana Roo, ambos se sienten demasiado cerca.