Redacción / Quintana Roo Ahora
OAXACA.- La violencia política volvió a teñir de luto a Oaxaca. La presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto, fue asesinada este domingo 15 de junio, en lo que autoridades han calificado como un ataque directo con armas de fuego, ocurrido dentro del Palacio Municipal.
Aunque los detalles aún son escasos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes y se desplegó un operativo conjunto con fuerzas del Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad para reforzar la seguridad en la región de la Costa, donde se ubica este municipio enclavado en la Sierra Sur del estado.
El gobernador Salomón Jara Cruz lamentó el homicidio a través de sus redes sociales y aseguró que no habrá espacio para la impunidad:
“Vamos a colaborar con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y hacer justicia. Mis condolencias a sus familiares”, expresó el mandatario estatal.
Además de la alcaldesa, se reportó que una segunda persona también fue asesinada durante el ataque, aunque su identidad aún no ha sido confirmada de manera oficial.
Este hecho se suma a una preocupante escalada de violencia contra autoridades municipales en México. De acuerdo con la organización civil Data Cívica, en los primeros cuatro meses del año se han registrado al menos 136 asesinatos de funcionarios o aspirantes a cargos de elección popular, dentro de un total de 246 ataques políticos documentados. Oaxaca ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, con 17 casos, solo por debajo de Sinaloa, Guerrero y Veracruz.
Entre 2018 y 2025, esta misma ONG ha registrado más de 2 mil 400 ataques, atentados, amenazas y asesinatos relacionados con el ejercicio de funciones públicas o con procesos electorales en el país, un panorama que evidencia la vulnerabilidad del poder local frente a los intereses criminales y políticos.
El caso de Lilia Gema García Soto podría marcar un nuevo punto de inflexión para Oaxaca, un estado históricamente golpeado por la desigualdad, los conflictos sociales y la criminalidad. En este contexto, el asesinato de una alcaldesa dentro de su propio palacio municipal no solo es un acto de brutalidad, sino un mensaje directo a la fragilidad institucional en muchas regiones del país.