Redacción / Quintana Roo Ahora
CANCÚN.- A dos años del escandaloso fraude que dejó un boquete de más de 310 millones de pesos en el patrimonio ejidal de Alfredo V. Bonfil, hoy trasciende –aunque aún sin confirmación oficial– la ejecución de una orden de aprehensión contra Reyes Antonio de la Rosa Muñoz, ex comisariado ejidal y exdiputado local, señalado como el principal artífice de este saqueo.
De acuerdo con fuentes cercanas al caso, también estarían incluidos en la orden los nombres de quienes conformaron su comitiva de confianza durante la gestión: Silvestre Córdova Pacheco, ex tesorero; Lorenza Berumen Luevanos, ex secretaria; y Gabriel Cruz Morales, expresidente del Consejo de Vigilancia. Todos señalados no sólo por su omisión, sino por su presunta participación directa en el fraude y la desaparición de documentos clave.
Este cuarteto habría disfrutado durante dos años de impunidad, de lujos y silencios comprados, mientras los ejidatarios bonfileños golpeaban todas las puertas posibles –Fiscalía General del Estado, tribunales agrarios, medios de comunicación– sin que ninguna instancia actuara con firmeza.
Hoy, por fin, algo parece moverse. Aún sin boletín oficial, los rumores son persistentes y el nerviosismo crece entre quienes, se dice, también recibieron “una rebanada del pastel”.
El expediente, clasificado hasta ahora con más sigilos que voluntad política, podría abrir la caja de Pandora sobre los manejos irregulares, la venta descontrolada de tierras ejidales, y la creación de documentos apócrifos para legitimar transacciones millonarias a espaldas de la asamblea.
El pueblo bonfileño no olvida, y si hoy la justicia empieza a alcanzar a los responsables, no es gracias al sistema, sino a la terquedad de quienes no dejaron de exigir rendición de cuentas.
¿Será este el principio de una verdadera rendición de cuentas o solo un gesto simbólico? El tiempo lo dirá. Pero por lo pronto, que empiecen a temblar los que pensaban que esto se iba a quedar en el olvido.