Redacción / Quintana Roo Ahora
Ciudad de México.— Lo que inició como una carrera ascendente en la función pública terminó en una ficha roja de Interpol. Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández, hoy es un prófugo de la justicia y señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, con vínculos directos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La caída de Bermúdez no sólo expone el entrelazamiento entre el poder político y el crimen organizado, sino que también arroja luz sobre una amistad de años con el actual senador y exsecretario de Gobernación. Su cercanía con Adán Augusto fue pública y estratégica: Bermúdez no solo ocupó uno de los cargos más sensibles en la estructura estatal, sino que también fue pieza clave en operativos de seguridad en Tabasco, durante uno de los periodos más violentos en la entidad.
Sin embargo, mientras dirigía las políticas de seguridad, tejía simultáneamente una red empresarial con proyección nacional. De acuerdo con un reportaje de El Universal, en 2004 fundó junto a su hermana Elba Guadalupe la empresa Grupo Maber, S.A. de C.V., cuyo objeto social abarcaba desde la perforación de pozos petroleros hasta la construcción de infraestructura eléctrica. Esta empresa logró acceder a contratos y licitaciones con instituciones clave como Pemex, CFE y Conagua, posicionándose como un jugador en sectores altamente regulados y sensibles.
Documentos del Registro Público de Comercio de Tabasco muestran que Grupo Maber fue diseñada para operar en toda la cadena energética: perforación, tratamiento de crudo, tendido de ductos y obras civiles, en un patrón que sugiere el aprovechamiento de relaciones institucionales y políticas para expandirse.
Pero esta no fue su única incursión empresarial. Desde los años 80, Bermúdez también participó como accionista en Rager, S.A. de C.V., otra empresa familiar dedicada a obras públicas, en particular a la construcción de redes eléctricas y carreteras. Aunque eventualmente vendió su participación, el perfil de sus negocios se mantuvo dentro de las rutas presupuestales del Estado.
Las filtraciones de Guacamaya Leaks ofrecieron una dimensión aún más oscura: lo vinculan con delitos como huachicoleo, extorsión, y tráfico de drogas. Según fuentes de inteligencia, estas actividades no sólo consolidaron su poder en “La Barredora”, sino que le permitieron operar con una cobertura institucional que le garantizaba impunidad.
La relación con Adán Augusto López es un elemento que no puede ser ignorado. Como su jefe político y amigo cercano, el hoy senador promovió y respaldó a Bermúdez en puestos de alta responsabilidad. La complicidad, aunque no necesariamente penal, sí plantea preguntas profundas sobre el nivel de vigilancia, escrutinio y responsabilidad con el que se otorgan cargos públicos.
¿Fue ceguera institucional o protección deliberada? ¿Hasta qué punto las estructuras estatales funcionaron como escudos para actividades ilícitas?
Este caso no sólo evidencia la fragilidad del aparato de seguridad cuando se contamina con intereses criminales, sino que también lanza una alerta sobre la penetración de recursos ilícitos en licitaciones públicas, obras de infraestructura y contratos gubernamentales.
Mientras Hernán Bermúdez permanece prófugo, el Estado mexicano enfrenta el reto de limpiar sus propias filas y responder a una ciudadanía que exige no solo castigos, sino una reconstrucción ética de sus instituciones.
La historia del exsecretario no es sólo una caída personal: es el reflejo de un sistema donde el poder, el dinero y el crimen dejaron de tener fronteras claras.