Redacción / Quintana Roo Ahora
Cancún.- Ante el cierre de al menos 11 bares, antros y botaneros en Cancún y la afectación directa a más de 500 trabajadores, meseras y bailarinas, un grupo de empleados y propietarios alzó la voz este fin de semana para denunciar lo que consideran una serie de operativos arbitrarios por parte de autoridades estatales, los cuales —afirman— han derivado en acusaciones infundadas de trata de personas.
En conferencia de prensa, encabezada por Leticia Salazar, representantes del gremio anunciaron la creación de una nueva agrupación denominada “Es tra, no tra – Asociación de Trabajadores Cancún”, con la finalidad de defender sus fuentes de empleo, visibilizar las irregularidades y exigir el cese a lo que llamaron una “represión disfrazada de justicia”.
Los denunciantes señalaron que en varios de los operativos se clausuraron negocios bajo el argumento de “rescatar” a víctimas de trata, sin que existieran pruebas sólidas que sustentaran los casos. En al menos cuatro de los bares cerrados, indicaron que las carpetas de investigación colapsaron por falta de elementos.
“Nos fabrican casos. Las chicas no son víctimas de trata, son trabajadoras que se ganan la vida honradamente”, expresaron, al mismo tiempo que acusaron que las autoridades presionan a las mujeres para asumir un papel de víctima y declarar en contra de supuestos responsables.
La nueva asociación, que hasta ahora agrupa a 500 trabajadores y un empresario, busca ser un contrapeso presente durante los cateos que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE), brindar acompañamiento legal a las personas intervenidas, y visibilizar lo que aseguran es una narrativa construida para justificar cierres masivos sin pruebas suficientes.
Debido al clima de intimidación, muchos empresarios han optado por no sumarse aún a este esfuerzo colectivo, aunque los organizadores aseguran que la unión es la única vía para frenar lo que consideran una persecución injusta.
Finalmente, advirtieron que temen represalias por esta postura pública, por lo que responsabilizaron a las autoridades estatales de cualquier consecuencia que puedan enfrentar.