Agencias
JOSÉ MARÍA MORELOS. — A pesar de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) avanza aceleradamente en la instalación de infraestructura para abastecer de energía al Tren Maya, comunidades rurales mayas denuncian haber sido excluidas, despojadas y olvidadas.
En municipios como Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, campesinos aseguran que la paraestatal ha invadido terrenos ejidales sin consulta, sin permisos formales y sin compensación económica, en una ruta de alta tensión que, irónicamente, no les provee ni una sola gota de luz.
Postes de concreto y cableado de alto voltaje atraviesan más de 50 kilómetros de selva para alimentar la operación del tren, pero las viviendas que se levantan al pie de esa infraestructura siguen dependiendo de velas o plantas eléctricas. Comunidades como X-Yatil, Dzulá, X-Pichil y Chunhuás han denunciado públicamente que la CFE ingresó a sus tierras sin la autorización de la asamblea ejidal, requisito legal indispensable para cualquier intervención en propiedad comunal.
“El gobierno llega con maquinaria, corta árboles, levanta torres y luego se va, como si nuestras tierras fueran suyas”, reclamó un representante ejidal durante una protesta en la carretera federal 184, donde por varias horas se bloqueó el tránsito para exigir respeto a sus derechos.
Los ejidatarios afirman que la CFE está replicando una estrategia de ocupación: entrar primero, construir, y negociar después. Esta táctica ha generado una creciente inconformidad en los pueblos afectados, pues los terrenos fueron modificados sin ningún proceso legal previo.
El argumento oficial es que la obra es de interés nacional; sin embargo, abogados y defensores del territorio advierten que ni siquiera se ha definido un monto de indemnización, ni se ha realizado consulta alguna conforme a los convenios internacionales firmados por México, como el Convenio 169 de la OIT.
El colmo: sin luz y con apagones
La molestia no se reduce al tema de la propiedad. A lo largo del último año, la península de Yucatán ha sufrido apagones masivos, afectando incluso zonas urbanas y turísticas. Mientras la red eléctrica del tren avanza con prioridad presidencial, la población sigue enfrentando cortes constantes, fallas en transformadores y falta de mantenimiento básico, especialmente en clínicas rurales, escuelas y viviendas familiares.
“Nosotros vemos pasar la luz, pero no nos llega. Toda la energía es para el tren, y nosotros seguimos a oscuras”, denunció un habitante de una de las comunidades atravesadas por los postes de la CFE.
Los afectados han iniciado procesos legales, pero el camino ha sido lento y lleno de obstáculos. La primera audiencia contra Fonatur y la CFE ha sido pospuesta en repetidas ocasiones, según denuncian los abogados comunitarios. Las distancias para trasladarse al juzgado y los costos económicos dificultan el acceso a la justicia para las familias campesinas, que no cuentan con recursos para enfrentar legalmente a una paraestatal.
Mientras tanto, las obras siguen su curso. Ni la falta de consentimiento, ni las denuncias, ni las suspensiones judiciales han detenido el avance del proyecto energético que da vida al Tren Maya.