Paso En Falso
En Puerto Morelos las playas parecen más de unos cuantos que de todas y todos. Mientras la ley dice que son bienes nacionales, en la práctica se van cercando con bardas de concreto, casetas de seguridad y complejos de lujo que se venden en dólares a extranjeros. Lo grave no es solo la privatización silenciosa del paraíso caribeño, sino que ocurre justo bajo las narices de la presidenta municipal, Blanca Merari. Ella asegura no enterarse, como si un edificio de diez pisos pudiera brotar de la noche a la mañana sin que nadie lo note. Lo cierto es que tuvo que llegar la Federación para clausurar lo que “nadie vio”, exhibiendo de paso la debilidad —o la complicidad— de la autoridad local pintada de verde.
La trama se vuelve más turbia cuando se escuchan las voces de empresarios denunciando cobros extraoficiales. El nombre que resuena es el de Abraham Masegosa Raña, secretario particular de Blanca Merari -y dicen, su pareja- y viejo conocido de la política local, pues trabajó en la administración de Paul Carrillo en Cancún, hoy secretario de Economía en el gobierno de Mara Lezama. No es cualquier señalamiento: se habla de moches para autorizar proyectos, justo lo que convierte a un gobierno municipal en socio de la corrupción que dice combatir. Los fantasmas del borgismo, con sus redes de favores y extorsiones, parecen estar cómodamente instalados en la administración verde portomorelense.
Además, medios locales han documentado que varios proyectos clausurados por Profepa contaban con la anuencia de las autoridades municipales. Es decir, mientras el gobierno federal detectaba violaciones ambientales, en el ayuntamiento se repartían permisos como si fueran volantes, avalando obras que nacían chuecas desde el inicio. Una política al revés: primero se construye y se vende, luego se “clausura” de forma simbólica, como si la ley fuera un mero trámite y la naturaleza un estorbo para los negocios. ¿De qué sirve presumir reglamentos y planes de desarrollo urbano si en la práctica mandan los dólares y los contactos?
El problema de fondo es que Puerto Morelos, el municipio más joven de Quintana Roo, está creciendo sin rumbo y a la medida de intereses privados. La presidenta municipal se excusa en la ignorancia, como si la omisión no fuera también una forma de corrupción. La gente, la que sí vive aquí, ve cómo su playa se achica y cómo las rentas se disparan por la especulación inmobiliaria. El mensaje es claro: el paraíso no se vende, se regala a pedazos bajo el disfraz de “desarrollo”. Y mientras los hoteles boutique y los departamentos de Airbnb florecen, el acceso público al mar se convierte en un recuerdo, un lujo cada vez más lejano para quienes realmente sostienen este municipio.