Redacción / Quintana Roo Ahora
Quintana Roo.- En Quintana Roo ya nos acostumbramos a escuchar la misma melodía: deuda vieja, intereses nuevos y plazos que parecen extenderse más que la temporada de huracanes. Esta vez, el protagonista es la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), que, con la venia de la gobernadora Mara Lezama, está a un paso de conseguir la autorización para reestructurar su deuda pública de 279.5 millones de pesos… y estirarla otros 15 años.
El argumento oficial es sencillo: menores intereses, pagos más cómodos y la promesa de que el dinero liberado se invertirá en infraestructura hídrica para beneficio de la ciudadanía. Todo muy bonito en papel, pero la realidad tiene más aristas.
La historia comienza en 2015, cuando CAPA contrató un crédito de 560 millones con Banco Interacciones, ahora en manos de Banorte. Diez años después, apenas han pagado la mitad. Y ahora, en lugar de saldar el resto, se opta por «refinanciar» y darle una segunda vida a la deuda. En otras palabras, patear el balón hacia el futuro… y hacia los bolsillos de las próximas administraciones (y contribuyentes).
Lo más llamativo es la velocidad con la que se mueve el Congreso: la iniciativa apenas entró y ya mañana, en un período extraordinario, se someterá a aprobación. Qué eficiencia tan admirable… o sospechosa. ¿Por qué tanto apuro?
Es cierto que CAPA enfrenta retos financieros y que sus ingresos no alcanzan para cubrir deudas y al mismo tiempo invertir en modernización de sistemas. Pero también es cierto que este tipo de reestructuraciones pueden convertirse en una trampa: pagar menos hoy para terminar pagando más mañana.
El aval del gobierno estatal —y por ende, de las participaciones federales— nos recuerda que, aunque CAPA tenga ingresos propios, el riesgo lo asumimos todos. Y si algo sale mal, no será la institución la que pague las consecuencias, sino el estado, es decir, los ciudadanos.
En teoría, la medida liberará recursos para mejorar el servicio de agua potable y saneamiento. En la práctica, queda la pregunta: ¿quién garantiza que esos recursos se usarán de forma eficiente y transparente? Porque si algo hemos aprendido en este estado es que la opacidad es tan común como la sequía.
Al final, el discurso oficial habla de “oportunidad” y “eficiencia”. Pero para muchos ciudadanos, lo que se escucha es: “seguiremos pagando, aunque no veamos mejoras”. Y es que cuando una deuda de hace 10 años se convierte en una deuda para los próximos 15, ya no se trata de un plan financiero… sino de una herencia incómoda para el futuro.