Redacción / Quintana Roo Ahora
Playa del Carmen.- Cinco años. Ese fue el tiempo que Carlos Alberto “N” pasó tras las rejas, acusado del feminicidio de Ana, una joven cocinera de Chiapas que solo buscaba ganarse la vida en Puerto Aventuras. Cinco años que, según un tribunal, fueron resultado de una acusación sin pruebas sólidas, de una investigación endeble y de una Fiscalía que parecía más interesada en tener un culpable rápido que en encontrar al verdadero asesino.
Hoy, Carlos Alberto está libre. Y no, no es porque se haya demostrado su inocencia de manera irrefutable, sino porque la Fiscalía no pudo sostener la acusación. Porque las pruebas no eran pruebas, porque los indicios eran apenas sombras, porque el caso se armó más con la presión social que con el trabajo ministerial.
Y Ana… Ana sigue sin justicia. Su nombre quedó reducido a una carpeta de investigación llena de irregularidades, a pancartas de protesta que ya se desgastaron bajo el sol, y a un expediente que es un monumento a la impunidad.
Lo más indignante es que este caso no es un hecho aislado. Es el reflejo de un sistema que muchas veces prefiere fabricar culpables antes que hacer su trabajo. Un sistema que se deja arrastrar por el clamor público y la urgencia política, pero que no construye casos sólidos que aguanten en los tribunales. Un sistema que no protege a las víctimas ni a sus familias, sino que les roba la esperanza con resoluciones que suenan a burla.
Si Carlos Alberto no mató a Ana, entonces ¿quién lo hizo? Y si la Fiscalía no tiene esa respuesta, ¿qué nos dice eso de nuestra capacidad como sociedad para castigar el feminicidio?
El expediente de Ana debería dolernos como si fuera de todas. Porque mientras su asesino siga libre, cualquiera de nosotras podría ser la próxima. Y lo más grave: si llega a pasar, ya sabemos cómo actúa este sistema. Con prisas, con errores… y sin justicia.