Redacción / Quintana Roo Ahora
CHETUMAL.— El Juzgado Segundo de Distrito de Cancún otorgó la suspensión provisional sobre las actividades de construcción y operación del proyecto del Cuarto Muelle de Cozumel, promovido por Muelles del Caribe, en respuesta a una demanda de amparo presentada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (Cemda), que argumenta que el proyecto podría tener graves consecuencias para el ecosistema y el arrecife Villa Blanca.
Los activistas destacan que el proyecto es una amenaza para el ecosistema de la isla, y que podría causar daños irreparables al arrecife Villa Blanca, considerado uno de los más importantes del Caribe mexicano.
Además de que se apoderaría de la última playa pública la zona, llamada también Villa Blanca, y limitaría aún más la escasa disponibilidad de agua potable en la isla de Cozumel, ante la demanda que representa la operación de megacruceros.
Cemda destaca que el análisis del Juzgado Segundo de Distrito resultó innovador, ya que sustentó la suspensión provisional en principios de derecho ambiental internacional, incluyendo el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
Se trata de un instrumento regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. En este caso, el Juzgado Segundo de Distrito aplicó los principios del Acuerdo de Escazú para sustentar la suspensión provisional del proyecto.
La suspensión provisional del proyecto se produce en un momento en que la empresa Muelles del Caribe había anunciado una «pausa técnica» en julio para atender preocupaciones de la comunidad local y fortalecer medidas de mitigación ambiental. Además, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) había iniciado una revisión de la autorización otorgada en 2021.
Si se confirma la suspensión definitiva, podría sentar un precedente para futuros proyectos que afecten el medio ambiente y los derechos humanos de las comunidades locales.