Agencias
CANCÚN.– Utilizar las normas diseñadas para erradicar la violencia política en razón de género como un instrumento de censura ciudadana representa un riesgo para la democracia, advirtió Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo.
La declaración se da tras la polémica generada por la denuncia presentada por la diputada del Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras, contra una ciudadana que cuestionó su desempeño en el Congreso de la Unión. La resolución derivó en que la ciudadana tuviera que disculparse durante 30 días, bajo la figura de “Dato Protegido”.
Galaviz Ibarra puntualizó que “se está haciendo un abuso de esta norma que ha sido un avance en la protección de las mujeres”, pero advirtió que ello no debe impedir que una funcionaria pública sea criticada en función de su labor.
“Esto tiene que ser muy claro por parte de las personas juzgadoras porque, de lo contrario, será una afectación a la libertad de expresión y eso es algo que no debemos permitir”, afirmó.
El representante del Observatorio Legislativo sostuvo que corresponde a las autoridades jurisdiccionales diferenciar entre expresiones misóginas y la crítica legítima hacia el desempeño de funcionarias, sin importar su género.
Aclaró que confundir estos escenarios puede generar un efecto inhibidor en la participación ciudadana y en el debate democrático, lo cual contradice los principios fundamentales de un Estado de derecho.
Galaviz Ibarra concluyó que el mal uso de esta legislación puede ser contraproducente, ya que transforma un mecanismo de protección en una herramienta de censura política, alejándolo de su verdadero objetivo: erradicar la violencia política contra las mujeres.