Paso En Falso
La llegada de Érika Guadalupe Castillo Acosta al Poder Judicial de Quintana Roo deja claro el verdadero rostro de la reforma judicial: no se trata de democratizar la justicia ni de acercarla a la gente, sino de colonizar espacios con perfiles políticos afines al poder en turno. Su trayectoria es prueba contundente: exregidora priista, exdiputada local morenista y excandidata a liderar el sindicato de taxistas, ahora convertida en jueza gracias a un proceso electoral judicial en el que apenas votó el 12 por ciento del padrón. La legitimidad brilla por su ausencia.
No es casualidad que Castillo Acosta apareciera en dos de las tres planillas propuestas por el Ejecutivo y el Legislativo para cargos de jueces Civil y Familiar de Primera Instancia. Tenía asegurado el asiento antes incluso de iniciar la contienda. Como ella, varios militantes y operadores políticos encontraron refugio en la estructura judicial tras quedar fuera de candidaturas o del gabinete. Así, el Poder Judicial se convierte en un albergue de lealtades partidistas, cuando debería ser el último bastión de la imparcialidad.
El riesgo no es menor. La nueva jueza no ha ocultado sus vínculos con Morena ni su actitud de militante activa: selfies en actos partidistas, discursos de campaña disfrazados de vida pública, un comportamiento que erosiona la confianza en sus fallos. ¿Qué esperanza le queda al ciudadano común que enfrente un juicio en su tribunal si no pertenece a la esfera del partido? La justicia, que debería ser un terreno neutral, se contamina de sospechas y favoritismos.
Este caso no es una anécdota, es un síntoma. El futuro del Poder Judicial en Quintana Roo —y en el país— dependerá de que la sociedad vigile, cuestione y exija jueces que no respondan a colores políticos, sino a la ley. Porque si la justicia se somete al vaivén electoral, todos quedamos expuestos: hoy gana quien está en el poder, mañana puede ser cualquiera. El llamado es claro: la ciudadanía no puede mirar hacia otro lado; está en juego nada menos que la confianza en los tribunales y, con ella, la salud de nuestra democracia.