Redacción / Quintana Roo Ahora
Cancún, Quintana Roo.— El puerto de Cancún ha sido señalado como uno de los ocho puntos estratégicos en México donde operaban redes de contrabando de combustible, conocidas como huachicol fiscal, según una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) publicada por El Universal. La indagatoria, basada en expedientes judiciales y análisis del Centro Federal de Inteligencia Criminal, revela una trama de corrupción empresarial y presunta complicidad institucional que involucra a más de 555 empresas en todo el país.
Puertos bajo control criminal
Además de Cancún, los puertos de Altamira, Veracruz, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Guaymas, La Paz y Mazatlán fueron utilizados como puntos de ingreso de hidrocarburos ilegales. Las redes operaban mediante dos métodos principales: la importación de gasolina y diésel desde Estados Unidos con pedimentos clonados, y descargas múltiples en puertos nacionales usando documentación falsa o repetida.
Empresas y personajes implicados
La FGR identificó a comercializadoras, transportistas, factureras y gasolineras que participaron en estas maniobras. Entre las empresas destacan:
- Importadoras y comercializadoras: Energy International LLC, Serv Energy LLC, Abastecedora de Combustibles del Pacífico, Interjet, Grupo Petrolero Arca, Trafigura, entre otras.
- Transportistas: Autotransportes Marvic, Camper Servicios Logísticos, Marvic Petroleum.
- Factureras: Tecnologías en Enersólidos, S.A. de C.V.
- Gasolineras: Gasolinera Bravo, Grupo Prolgas, Servicio Express La Costerita, Valero Marketing and Supply de México, entre muchas más.
- Personas físicas: Juan Manuel Muñoz Luévano (“El Mono Muñoz”), Karina Melissa Guerrero Rodríguez, Miguel A. Lazalde, entre otros.
Caso emblemático: “La red del vicealmirante”
Uno de los casos más recientes está vinculado a la causa penal abierta contra 13 personas detenidas en agosto de 2025, entre ellas el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Farías Laguna está acusado de delincuencia organizada y actualmente se encuentra recluido en el penal de El Altiplano.
Evidencias y comunicaciones
Entre 2023 y 2025, se detectaron más de 13 mil comunicaciones telefónicas relacionadas con empresas y personas físicas en inmediaciones de aduanas y puertos marítimos, incluido el de Cancún. Estas evidencias refuerzan la hipótesis de que el contrabando se realizaba con apoyo de redes empresariales y presuntamente con complicidad de autoridades locales.
Impacto económico y legal
La FGR subraya que muchas de las empresas involucradas carecían de permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), vendían combustible adulterado, emitían facturas alteradas y ofrecían precios por debajo del mercado nacional, afectando gravemente la competencia legal y la seguridad energética del país.
La investigación continúa en curso y se espera que en los próximos meses se amplíen las acciones legales contra los implicados. Mientras tanto, el puerto de Cancún permanece bajo vigilancia federal, en medio de un escándalo que podría tener repercusiones en múltiples niveles del sector energético y logístico nacional.