Redacción / Quintana Roo Ahora
CDMX.- La muerte de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años en Durango tras someterse a una cirugía de aumento de senos, destapó una realidad incómoda: en México no existe una edad mínima establecida en la ley para someterse a procedimientos estéticos.
De acuerdo con especialistas en derecho y salud, la Ley General de Salud establece que los médicos que realizan estas intervenciones deben contar con título y cédula de especialista, además de practicar las cirugías en establecimientos con licencia sanitaria. También exige el consentimiento informado, firmado por padres o tutores en caso de menores. Sin embargo, en la práctica no hay un límite legal de edad que prohíba las operaciones con fines estéticos en adolescentes.
El caso encendió alarmas porque, más allá de la normatividad, el cuerpo de una persona menor aún se encuentra en desarrollo, lo que incrementa riesgos de salud y abre interrogantes sobre la capacidad real de decisión autónoma frente a la presión social y los estereotipos de belleza. Psicólogos y feministas advierten que la “dictadura estética” puede empujar a niñas y adolescentes a tomar decisiones apresuradas, en contextos donde las redes sociales magnifican cuerpos irreales y normalizan la modificación quirúrgica.
En el Congreso federal y algunos estados ya se han presentado iniciativas para cerrar este vacío. Una de ellas busca reformar la Ley General de Salud para prohibir las cirugías estéticas en menores de 18 años cuando no exista justificación médica o reconstructiva. En el Estado de México, incluso, se planteó sancionar con la clausura de establecimientos a quienes operen a adolescentes con fines meramente cosméticos.
El debate no es sencillo. Por un lado, hay quienes piden prohibiciones tajantes; por el otro, se insiste en que existen casos de excepción —como cirugías reconstructivas tras accidentes o procedimientos vinculados a la identidad de género— que no deberían criminalizarse. El consenso, sin embargo, apunta a una urgencia: regular con claridad para proteger a las y los menores de la mercantilización del cuerpo y de un mercado estético que, en su versión clandestina, ya ha cobrado demasiadas vidas.
Mientras tanto, la ausencia de una norma clara mantiene a miles de adolescentes expuestos a riesgos que no solo son médicos, sino también sociales y emocionales. En el centro del debate queda una pregunta que México aún no responde: ¿cómo equilibrar la autonomía adolescente con el deber del Estado de proteger la salud y la vida?