Paso En Falso
En el sur de Quintana Roo, la presencia del Ejército se ha intensificado en los últimos años, justificándose bajo el pretexto de combatir la inseguridad. Sin embargo, esta expansión militar ha generado preocupación entre la población local, que percibe una creciente militarización de la vida cotidiana. La construcción de cuarteles y la presencia constante de militares en las calles han transformado la dinámica social y cultural de la región. En este contexto, el asesinato del líder cañero José Antonio Delgado González, conocido como “Felipillo”, ocurrido en agosto de 2025, ha puesto en evidencia las tensiones entre las autoridades y las comunidades locales.
Delgado González fue encontrado con signos de tortura en el poblado Obregón Viejo, en el municipio de Othón P. Blanco. Su muerte se suma a una serie de asesinatos de líderes sindicales en la región, como el caso de Evaristo Gómez Díaz en mayo del mismo año. Las autoridades han señalado que estos crímenes están relacionados con disputas internas dentro del sector cañero, pero la comunidad sospecha de la implicación de grupos criminales que operan en la zona. Lo que es indiscutible es que la creciente presencia militar no ha logrado frenar la violencia, sino que ha generado un ambiente de temor y desconfianza entre los habitantes.
La militarización de Quintana Roo no sólo afecta la seguridad, sino también la vida cultural y social de las comunidades. La presencia constante de militares en espacios públicos ha alterado las costumbres locales y ha generado una sensación de vigilancia constante. Además, la construcción de instalaciones militares en áreas estratégicas ha desplazado a comunidades enteras, como ocurrió en Felipe Carrillo Puerto, donde la construcción de viviendas militares en la Expo Maya generó conflictos con ejidatarios. Estas acciones han sido interpretadas por muchos como una forma de control territorial más que como medidas para garantizar la seguridad.
La situación en Quintana Roo plantea una reflexión sobre el modelo de seguridad implementado en el país. La militarización no ha demostrado ser una solución efectiva para combatir la violencia; por el contrario, ha generado nuevos problemas y ha profundizado las desigualdades sociales. Es necesario replantear las estrategias de seguridad, priorizando el fortalecimiento de las instituciones civiles y el respeto a los derechos humanos. Sólo así se podrá garantizar una paz duradera y una convivencia armoniosa en las comunidades del sur de Quintana Roo.