Paso En Falso
La reciente “Consulta Ciudadana en materia de Movilidad” en Quintana Roo fue presentada por el Gobierno estatal como un ejercicio ejemplar de participación ciudadana. Se presumieron más de 25 mil personas involucradas. Pero detrás de esa narrativa triunfalista, lo que en realidad se esconde es un simulacro de democracia. Si menos del 2% de la población participó, ¿podemos hablar de una voz ciudadana legítima o de una estrategia para justificar una decisión ya tomada?
El problema no es sólo la baja participación, sino la trampa semántica de la pregunta: “Si quieres mejores unidades, debes aceptar un aumento”. Es un chantaje político disfrazado de consulta. La ley es clara: primero se mejora el servicio y después se analiza si procede el aumento de tarifa. Lo contrario es poner el carro delante de los caballos, y en este caso, al ciudadano detrás del interés de los concesionarios. Resulta alarmante que el gobierno, en lugar de exigir a los transportistas el cumplimiento de sus obligaciones, los legitime con una encuesta que no cumple ni los estándares mínimos de transparencia.
Además, las reglas fueron un laberinto. Nadie explicó con claridad si podían participar menores de edad (muchos de ellos estudiantes, gran porcentaje de usuarios del transporte público), ni por qué había diferencias entre la encuesta presencial y la digital. En muchas zonas, la gente ni siquiera supo que había consulta hasta el mismo día. Si de verdad se busca escuchar a la ciudadanía, ¿por qué no garantizar que todos los usuarios —los que usan transporte a diario— tuvieran acceso a participar de forma informada y equitativa?
Lo más grave no es el aumento inminente, sino la narrativa que lo acompaña: esa peligrosa idea de que “el pueblo ya decidió”. No, el pueblo no decidió; lo decidieron 25 mil personas entre casi dos millones de habitantes o millón y medio si se toma como base el electorado ante el INE. Y lo decidieron bajo una pregunta condicionada, en un proceso opaco y mal comunicado. Llamarle “consulta ciudadana” a esto es una burla a la inteligencia colectiva y una ofensa al sentido mismo de la participación democrática. Quintana Roo merece algo más que una encuesta de legitimación: merece un gobierno que escuche de verdad…