Redacción / Quintana Roo Ahora
Río de Janeiro, Brasil.– Cientos de manifestantes tomaron las calles de Vila Cruzeiro este viernes para exigir la renuncia del gobernador Cláudio Castro, tras la redada policial más sangrienta en la historia de Río de Janeiro, que dejó más de un centenar de muertos.
La movilización reunió a residentes, activistas, políticos y madres que perdieron a sus hijos en operativos anteriores. Entre llantos y consignas como “¡Basta de masacres!” y “¡Dejen de matarnos!”, denunciaron el uso excesivo de la fuerza y acusaron al gobierno estatal de cometer torturas y ejecuciones extrajudiciales.
El operativo, realizado el martes con la participación de unos 2 mil 500 policías y soldados, tenía como objetivo desmantelar a la banda Comando Rojo en las favelas Complexo da Penha y Complexo do Alemão. De acuerdo con cifras oficiales, murieron 121 personas, incluidos cuatro agentes, aunque la Defensoría Pública elevó la cifra a 132.
Mientras el gobernador Castro calificó la acción como “un éxito” en la lucha contra el “narcoterrorismo”, los residentes la describieron como una masacre. “Las madres ahora pelean para recuperar los cuerpos de sus hijos”, dijo Anne Caroline Dos Santos, quien viajó desde Rocinha para participar en la protesta.
El operativo desató una ola de indignación nacional e internacional. Organismos de derechos humanos y Naciones Unidas condenaron la violencia y exigieron una investigación exhaustiva. El Supremo Tribunal Federal ordenó al gobernador entregar un informe detallado de la intervención y citó a Castro y a los jefes policiales a una audiencia el próximo 3 de noviembre.
La concejala Mónica Benício, viuda de la activista Marielle Franco, señaló que “el asesinato de jóvenes en las favelas no es una política pública, es una masacre”. Mientras tanto, algunos sectores conservadores celebraron la acción como una ofensiva necesaria contra el crimen, aunque otros expertos advierten que no reducirá la violencia ni el poder del narcotráfico, sino que profundizará el ciclo de muerte e impunidad que por décadas ha marcado a las favelas cariocas.