Redacción / Quintana Roo Ahora
Cancún, Q. Roo.- La calma nocturna en la región 99 de Cancún se rompió con gritos y desesperación. Frente al Centro de Reinserción Social (CERESO), decenas de familiares se agolparon bajo la oscuridad buscando respuestas. Adentro, según versiones de internos, una riña habría dejado varios heridos, aunque las autoridades insisten en que todo se trató de un “operativo de rutina”.
De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo (SSCQROO), encabezada por Julio César Gómez Torres, el operativo formaba parte de una “revisión mensual preventiva contra el delito”. Sin embargo, testimonios de familiares y fuentes internas del penal aseguran que la versión oficial encubre hechos violentos ocurridos desde el domingo pasado, durante el horario de visita familiar.
“Nos dijeron que había una revisión, pero mi hijo me llamó y me dijo que estaban peleando entre módulos, que había heridos y sangre por todos lados”, relató Carmen N., madre de un interno del módulo 4.
Otros familiares coinciden: las llamadas telefónicas de los reclusos fueron breves, interrumpidas y llenas de miedo.
Heridos sin nombre y silencio oficial
Hasta la noche del miércoles, se reportaba de forma extraoficial el traslado de tres personas heridas de gravedad al Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez”. No obstante, las autoridades no han confirmado ni los nombres ni el estado de salud de los lesionados, manteniendo un cerco total de información.
“Nos dicen que no hay nada, que está todo bajo control, pero no nos dejan verlos ni nos dan una lista. Si no pasó nada, ¿por qué tanto secreto?”, cuestionó María G., esposa de un interno del módulo 10.
Negocios y abusos dentro del penal
Más allá de la violencia, familiares e internos denunciaron abusos económicos dentro del CERESO. Aseguran que el personal penitenciario controla la venta de productos básicos a precios excesivos, limitando lo que las familias pueden llevar desde fuera.
“Antes podíamos llevarles víveres básicos. Ahora todo lo venden ellos: galletas, jabón, papel, hasta el agua. Es un negocio”, denunció una mujer que pidió el anonimato por miedo a represalias.
Estas ventas serían administradas por personal vinculado directamente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que ha levantado sospechas sobre un esquema de enriquecimiento interno.
Posibles vínculos de poder y conflicto de interés
Una de las acusaciones más delicadas apunta al presunto vínculo familiar y político entre la secretaria de Gobierno de Quintana Roo, María Cristina Torres Gómez, y el titular de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres.
Aunque no existe confirmación oficial, fuentes políticas locales sostienen que ambos habrían consolidado una alianza operativa que concentra poder y control sobre los centros penitenciarios del estado.
Analistas advierten que esta estructura podría funcionar como una “plataforma financiera paralela”, basada en cobros, extorsiones y ventas internas, lo que señalaría un posible caso de corrupción institucionalizada.
Familias entre la angustia y la desconfianza
La tarde del miércoles, la escena frente al penal era de angustia e impotencia: mujeres llorando, padres exigiendo respuestas y patrullas bloqueando los accesos.
El gobierno estatal reiteró en redes sociales que “todo está bajo control” y que el operativo fue “preventivo”, pero los testimonios apuntan a lo contrario.
“Nos tratan como si fuéramos enemigos. Solo queremos saber si nuestros hijos están vivos”, dijo entre lágrimas Doña Estela P., madre de un joven recluido.
Mientras las autoridades guardan silencio, el CERESO de Cancún vuelve a colocarse bajo la sombra de la duda, con denuncias que exigen una investigación independiente y transparente sobre lo ocurrido realmente dentro de sus muros.