Redacción / Quintana Roo Ahora
Cancún.— Aunque fue aprobada por unanimidad desde julio de 2023, la llamada Ley Brahms —que tipifica como delito penal conducir bajo efectos del alcohol o drogas— continúa sin publicarse en el Periódico Oficial del Estado, lo que impide que entre en vigor y mantiene vigente únicamente sanciones administrativas para los conductores ebrios en Quintana Roo.
La reforma al artículo 186 del Código Penal, impulsada por el entonces diputado y hoy oficial mayor de Playa del Carmen, Guillermo Brahms, establece penas de seis meses a dos años de prisión para quienes conduzcan intoxicados, una medida que busca frenar una de las principales causas de accidentes fatales en la entidad. “Antes la pena era únicamente económica; ahora será corporal. Esto se aprobó por unanimidad. El objetivo es salvar vidas”, subrayó Brahms.
El funcionario recordó que manejar bajo los efectos del alcohol ha dejado decenas de historias de tragedia en carreteras y avenidas del estado, no sólo para quien conduce sino para víctimas inocentes: peatones, motociclistas y familias completas. Por ello —dijo— la reforma eleva el mensaje social: no es un error menor ni un descuido, es una conducta criminal con consecuencias irreparables.
Brahms aclaró que el proceso legislativo se cumplió en forma: iniciativa, comisiones, aprobación en pleno y decreto. Lo único que falta es la publicación oficial. “No debería ser polémico. No estamos hablando de política, estamos hablando de vidas humanas”, sentenció, al lamentar que el retraso represente un retroceso frente a destinos turísticos internacionales donde conducir ebrio ya es tratado como delito.
La Ley Brahms —agregó— busca modernizar el marco legal y alinearlo con las exigencias de seguridad vial en un estado que recibe millones de visitantes cada año. Sin cárcel efectiva, advirtió, se sigue enviando el mensaje equivocado: que conducir borracho es un asunto de dinero, no de responsabilidad penal.
Mientras la ley no se publique, Quintana Roo conserva un vacío que favorece la reincidencia. Y ese vacío no es técnico: se mide en ambulancias, en cruces improvisados, en sillas de ruedas y, en el peor de los casos, en actas de defunción. La urgencia, dicen quienes impulsaron la reforma, ya no es debatirla: es hacerla valer.