Paso en Falso
En Cancún estamos ante un déjà vu trágico: operativos, rescates, cateos, sellos de clausura… y al poco tiempo los mismos bares reaparecen, como si nadie hubiera pasado por ahí. Sólo en 2025 los datos oficiales muestran una continuidad alarmante: en marzo se liberaron a 13 mujeres —ocho mexicanas y cinco extranjeras— en un bar de la zona hotelera. En abril, otros 16 casos confirmados en un establecimiento de la avenida Bonampak; la mayoría extranjeras, muchas vulnerables al engaño. En mayo, un operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) y la Guardia Nacional rescató a 26 mujeres —mexicanas y colombianas— de un inmueble en la Supermanzana 66, donde incluso había menores de 16 y 17 años. Más recientemente, en octubre se habló de 22 mujeres liberadas en otro bar de la Supermanzana 230.
Entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué los bares señalados como focos de trata siguen recibiendo licencias y permisos municipales, una y otra vez? Si alguien revisara las licencias de funcionamiento en Cancún vería una sucesión de renovaciones, cambios de nombre, traslados, cierres temporales y reaperturas —una simulación administrativa que protege actos atroces. Es la norma disfrazada de legalidad, mientras vidas siguen siendo mercancía.
La cifra del 2025 confirma una tendencia: según un reportaje reciente, el 31.7% de las víctimas rescatadas en Quintana Roo son extranjeras —en su mayoría de Cuba, Colombia, Venezuela y Jamaica— lo que revela la dimensión transnacional del problema: mujeres engañadas con falsas promesas de empleo que terminan explotadas. Esa multiculturalidad de víctimas evidencia también que la trata no es producto de una “mala racha local”, sino de estructuras de explotación que se alimentan de la migración, la precariedad, la impunidad y la negligencia institucional.
No basta con los operativos espectaculares, la captura mediática de rescates y las fotografías oficiales con las víctimas saliendo bajo resguardo. Hace falta algo más: un —verdadero— sistema de prevención, clausura definitiva de locales implicados, auditoría profunda a los permisos de funcionamiento, transparencia en los procesos de concesión de licencias y, sobre todo, reconstrucción digna de las vidas de las sobrevivientes. Lo demás es simulación, retórica vacía y complicidad silenciosa.
Si en Cancún hay bares que se abren, se cierran, reaperturan, cambian de nombre, pero siguen explotando personas, estamos ante un pacto tácito: impunidad a cambio de negocios. Y mientras ese pacto se mantenga, cada foto de “rescate” será apenas otro acto de teatro en un escenario que nunca cambia.