Redacción / Quintana Roo Ahora
Cancún, Quintana Roo.- El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano manifestó su preocupación ante la propuesta del Gobierno del Estado de aumentar en 25% el VISITAX y de convertir a hoteles y prestadores de servicios turísticos en retenedores del impuesto. Según el organismo, la medida no solo elevaría los costos para los visitantes, sino que también podría generar riesgos operativos y legales, afectando a uno de los principales motores económicos de la región.
El sector advirtió que, mientras otros destinos internacionales buscan reducir cargas fiscales para atraer turistas, Quintana Roo plantea un incremento que podría colocar a México en desventaja. “La región es especialmente sensible a cambios de precio, y este ajuste contradice los lineamientos del Plan México, cuyo objetivo es mejorar la percepción del país y facilitar la llegada de visitantes”, señaló el Consejo. Añadieron que encarecer la estancia deteriora la experiencia del viaje, reduce la certeza para inversionistas y limita incentivos para fortalecer la oferta turística nacional.
Los hoteleros también señalaron que implementar el cobro sería complicado: muchas tarifas internacionales se pactan con anticipación y no pueden incorporar este tipo de ajustes. Además, dispersar la recaudación entre miles de prestadores de servicios podría generar inconsistencias, confusión y cobros indebidos, afectando directamente la imagen del destino. En localidades como Chetumal o Bacalar, un par de VISITAX podría representar casi el costo de una noche de hospedaje, impactando a hoteles accesibles y negocios familiares, y debilitando el modelo multidestino que caracteriza al Caribe Mexicano.
El Consejo subrayó que la propuesta podría contravenir principios constitucionales de legalidad y proporcionalidad, recordando que la Suprema Corte ha establecido que la responsabilidad solidaria solo aplica a quienes están directamente vinculados con el hecho imponible, lo que no ocurre con el VISITAX. Por ello, hicieron un llamado a las autoridades estatales para detener la iniciativa, considerándola inviable, inconstitucional y perjudicial para el sector, y reiteraron su disposición a colaborar en propuestas que impulsen el desarrollo turístico sin comprometer la estabilidad de Quintana Roo.