Redacción / Quintana Roo Ahora

Quintana Roo.- Después de seis años de litigio, un juez federal y una jueza civil de Yucatán ordenaron reabrir la investigación penal y declarar nula la compraventa mediante la cual el anciano maya Antonio Manrique Mac, de 73 años, fue despojado de su rancho conocido como “La Caverna”, en Akumal.

El expediente detalla que la transacción, registrada en 2019, habría sido simulada y que en la operación participaron, además de la contraparte, personas que facilitaron la tramitación notarial y bancaria. La propiedad, de aproximadamente 37 hectáreas y con tres cenotes, fue el centro de largas impugnaciones por parte del afectado y sus representantes legales.

En el centro del caso figura José María Rejón de la Guerra, señalado en diversas publicaciones como el principal beneficiario del presunto fraude y vinculado familiarmente con el entonces gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Las denuncias y notas periodísticas han documentado desde 2019 el presunto entramado de despojo que afectó al campesino maya.

Según las denuncias, al anciano —quien sufre una lesión cerebral y presenta dificultades con el idioma español— lo llevaron a firmar documentos en Mérida haciéndole creer que aceptaba un arrendamiento, cuando en realidad se formalizó una compraventa por 7.5 millones de pesos, monto que, denuncian sus abogados, nunca llegó a manos del vendedor.

Pese a las pruebas presentadas, en un primer momento la Fiscalía de la zona archivó el caso, situación que sus defensores impugnaron hasta lograr resoluciones judiciales que ahora ordenan reabrir la investigación y perseguir las responsabilidades correspondientes. Organizaciones civiles y colectivos en defensa de los derechos indígenas han celebrado las resoluciones como un precedente importante contra el despojo.

“La historia da un giro de 180 grados. Por fin la justicia está del lado de un hombre maya atropellado por el poder”, declaró la abogada Cortés Miranda, quien acompaña el caso y puso en relieve la dimensión política y notarial del presunto fraude.

El fallo judicial marca el inicio de una nueva etapa procesal: se espera que las autoridades reabran las indagatorias, identifiquen a los presuntos responsables y determinen las sanciones correspondientes, mientras los defensores de Antonio Manrique buscan la restitución del predio y reparación del daño. Las partes implicadas no han emitido una versión pública unificada sobre las recientes determinaciones judiciales.