Redacción / Quintana Roo Ahora
Quintana Roo.- En el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) ya no sorprende que los escándalos salgan más rápido que las propias licencias… pero esta vez se superaron. Resulta que dentro de la dependencia encargada de garantizar la movilidad y la legalidad —qué ironía— se montó una pequeña “oficina alterna” donde al menos tres trabajadores decidieron convertirse en expendedores clandestinos de licencias falsas.
Y no, no hablamos de sofisticados laboratorios criminales. Aquí la cosa fue más simple: una pared blanca para la foto, una firma en hoja lisa y mil 800 pesos. A cambio, un mensajito por WhatsApp y, al poco tiempo, una “licencia válida” entregada en la puerta de tu casa. Todo muy cómodo, muy eficiente… lástima que absolutamente ilegal.
Las historias se repiten: ciudadanos estafados que confiaron en un trámite que parecía oficial “sin tantas vueltas”, solo para descubrir que su documento no existe en ninguna base de datos. Sin registro, sin respaldo, sin versión digital. Nada. Una hoja plástica tan falsa como el discurso de “cero corrupción” que presume la institución.
Lo preocupante —y al mismo tiempo alarmantemente predecible— es que las órdenes dentro del instituto son callar todo. Minimizarlo. Que no se sepa. Que no estalle. Que no vuelva a evidenciar al Imoveqroo como una dependencia históricamente plagada de irregularidades. Como si pretendieran apagar un incendio tapando la alarma con cinta adhesiva.
Mientras tanto, los ciudadanos quedan totalmente desprotegidos. Pagaron por una licencia que no es licencia, y hoy, ante la ley, manejan sin ningún documento válido. ¿Quién responde por eso? ¿Quién devuelve el dinero? ¿Quién asume las consecuencias de haber permitido que desde el corazón mismo de la institución se falsificaran permisos de conducir?
Todo esto ocurre justo en medio del pleito público que el Imoveqroo sostiene con Tránsito Estatal y los municipios por el jugoso control de los ingresos de las próximas fotomultas. Otra iniciativa impulsada por el director yucateco Rafael Hernández Kotasek, quien parece tener más prisa por asegurar cajas registradoras que por limpiar la casa.
El resultado: mientras pelean por quién cobra las multas, la credibilidad de la institución se desploma otro piso más. Un organismo que debería velar por el orden vial, hoy queda exhibido —una vez más— como incapaz de controlar ni siquiera lo que ocurre en sus propias oficinas.
En Quintana Roo, la movilidad está llena de baches… pero el peor de todos sigue estando dentro del Imoveqroo.