Redacción / Quintana Roo Ahora
Estados Unidos.- Las fuerzas militares de Estados Unidos realizaron un nuevo ataque letal en aguas internacionales del Caribe contra una embarcación que, según su propio reporte, era “operada por una organización terrorista designada”. El operativo, confirmado por el vocero Pete Hegseth, dejó tres personas muertas, en un episodio que se suma a una serie de acciones catalogadas por la administración de Donald Trump como parte de una ofensiva contra el “narcoterrorismo” en la región.
De acuerdo con datos oficiales, en los últimos dos meses se han hundido 18 embarcaciones, con un saldo de al menos 69 muertos, lo que ha provocado preocupación internacional por la magnitud y el carácter letal de los ataques.
La Organización de las Naciones Unidas ha advertido que estas operaciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, al no haberse demostrado que las embarcaciones representaran una amenaza inminente ni que los ocupantes fueran combatientes legítimos. El organismo ha solicitado investigaciones independientes y transparentes que permitan determinar la legalidad de las acciones.
As we’ve said before, vessel strikes on narco-terrorists will continue until their the poisoning of the American people stops.
— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 7, 2025
Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist… pic.twitter.com/gQF9LpSjqD
Mientras tanto, Estados Unidos mantiene un amplio despliegue militar en el Caribe, muy cerca de las costas de Venezuela. Entre los activos se encuentran buques de guerra, un submarino y, próximamente, se sumará el portaaviones USS Gerald R. Ford. Declaraciones recientes del presidente Trump han sugerido que la campaña podría escalar a operaciones terrestres, particularmente en territorio venezolano.
La tensión aumentó luego de que el Senado estadounidense rechazara una resolución que buscaba limitar este tipo de operaciones sin aprobación del Congreso, lo que especialistas han considerado un retroceso en la supervisión y el control institucional sobre el uso de la fuerza militar.
La situación continúa generando inquietud en organismos internacionales, gobiernos de la región y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre los riesgos de una escalada armada y la falta de claridad jurídica sobre los ataques.