Redacción / Quintana Roo Ahora
Quintana Roo.- La reciente publicación realizada por Diario CAMBIO 22 el pasado miércoles desató una fuerte ola de indignación ciudadana, luego de revelarse que en Facebook circulan perfiles que ofrecen —de manera abierta y sin pudor— licencias de conducir, trámites del Repuve y placas vehiculares sin necesidad de acudir al Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo).
Los usuarios compartieron capturas de pantalla que muestran conversaciones con presuntos trabajadores de la dependencia, quienes afirman poder “hacer los trámites bajo el agua” e incluso aseguran laborar dentro del propio instituto. En uno de los perfiles más señalados, identificado como “Yorch – Trámites de placas y licencias”, aparecen publicaciones recientes que ofertan licencias desde 1,500 pesos, acompañadas de imágenes de documentos oficiales del Gobierno del Estado.
En mensajes privados, uno de estos supuestos gestores confirma “trabajar acá en Imoveqroo” y promete completar todo el proceso sin la presencia física del interesado: basta con enviar fotografías y datos básicos. Este nuevo rastro digital revela la aparente facilidad con la que operadores —algunos que dicen estar dentro del instituto— gestionan documentos oficiales sin exámenes de manejo ni verificaciones biométricas, lo que refuerza las denuncias previas sobre una posible red de corrupción interna.
La gravedad aumenta al considerar que, según testimonios anteriores, muchas de estas licencias no se encuentran registradas en las bases oficiales, lo cual expone a los ciudadanos a sanciones, problemas legales e incluso acusaciones por uso de documentos falsos.
Mientras el Gobierno de Quintana Roo intenta minimizar la situación pese a la evidencia que circula masivamente, la desconfianza hacia el Imoveqroo continúa creciendo. La aparición de estos perfiles confirma que el esquema irregular no solo persiste, sino que opera con tal normalidad que sus servicios se anuncian en grupos de compraventa como si se tratara de un trámite legítimo.
La ciudadanía exige una investigación real, sanciones a los involucrados y una depuración inmediata dentro del instituto, antes de que el tráfico de documentos oficiales siga expandiéndose con total impunidad.