Redacción / Quintana Roo Ahora
Cancún, Quintana Roo.- El nuevo Poder Judicial de Quintana Roo enfrenta una creciente ola de cuestionamientos por presuntas conductas irregulares y decisiones judiciales polémicas que, según activistas y litigantes, evidencian una profunda crisis de independencia y profesionalismo.
Entre los señalamientos destacan acusaciones de violencia doméstica contra el funcionario Jonathan Yong; presunto activismo partidista de la jueza Erika Castillo; resoluciones que habrían obstaculizado el acceso a la justicia por parte de la jueza Zeidy Stefanny Díaz de la Cruz; y la validación de criterios legales controvertidos por parte del magistrado Omar Landeros Rosado.
Diversos sectores advierten que estos casos no son aislados, sino consecuencia del mecanismo de designación por planillas utilizado en la reciente elección de jueces y magistrados, el cual fue cuestionado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al limitar la evaluación individual de perfiles. A ello se suma que varios de los funcionarios electos tendrían vínculos políticos previos con Morena y el PVEM.
Para abogados y defensores de derechos humanos, la politización de la justicia y la falta de controles efectivos han generado un serio desgaste institucional. Mientras tanto, el Tribunal de Disciplina Judicial, creado con la reforma, no ha emitido pronunciamientos sobre los señalamientos, lo que ha incrementado la percepción de omisión y falta de rendición de cuentas.