Redacción / Quintana Roo Ahora
Ciudad de México.— La historia de Wala Servicios México se ha convertido en uno de los casos más sorprendentes —y preocupantes— dentro del ámbito de contrataciones públicas federales. Una empresa que nació como salón de belleza y tienda de ropa pasó, en apenas unos meses, a convertirse en un proveedor multimillonario del gobierno federal, sin experiencia, sin infraestructura y sin historial en sectores estratégicos.
Desde agosto de 2024, Wala dio un giro radical e injustificado: obtuvo más de 60 contratos públicos por la venta de medicamentos, mochilas tácticas, uniformes y suministros que nada tienen que ver con su giro original. Ese salto meteórico le ha permitido acumular una facturación superior a mil millones de pesos, un hecho que ha despertado fuertes sospechas dentro y fuera del sector público.
Detrás de esta empresa se encuentra Sebastián Felipe Rodríguez Robles, abogado fiscalista, ex tesorero en Chiapas y personaje señalado en investigaciones vinculadas a redes de facturación y esquemas fiscales irregulares. Sin embargo, su nombre no es el único que aparece en el rompecabezas.
En el entorno de relaciones que rodea la operación destaca Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario del outsourcing, prófugo de la justicia mexicana por delincuencia organizada y lavado de dinero. Su nombre coincide en múltiples investigaciones con personajes cercanos a Rodríguez Robles, lo que alimenta la teoría de que Wala Servicios México podría ser parte de un entramado más amplio de empresas fachada que han encontrado cómo infiltrarse en el gasto público sin supervisión real.
El ascenso de Wala Servicios México no es una simple irregularidad administrativa: es un espejo que refleja cómo ciertos grupos pueden insertarse en la estructura gubernamental, aprovechar vacíos de control y beneficiarse de influencias para acceder a contratos millonarios sin rendir cuentas.
El caso, por su dimensión y velocidad, pone sobre la mesa la urgencia de revisar los mecanismos de adjudicación pública y reforzar los sistemas de transparencia que, hoy por hoy, parecen incapaces de detectar o detener operaciones de este tipo.