En una corrección de rumbo, la Coordinación Nacional de Protección Civil, liderada por Laura Velázquez Alzúa, ha enmendado la declaratoria de emergencia emitida hace apenas unos días en relación al huracán Otis en Guerrero. Lo que inicialmente abarcaba a 47 municipios, ahora se reduce de manera significativa, limitando la ayuda federal a solo dos localidades: Acapulco y Coyuca de Benítez.
Esta drástica corrección se produce en medio de críticas y señalamientos sobre la amplitud de la declaración original, que había incluido a un gran número de municipios que no parecían haber sido afectados por la tormenta.
En una conferencia de prensa matutina, AMLO expresó su descontento con la inclusión de tantos municipios en la declaración de emergencia, enfatizando que, si bien muchos lugares en México están afectados por problemas relacionados con la corrupción, la tormenta tropical Otis solo había causado estragos en Acapulco y Coyuca de Benítez.
Esta corrección de la declaración de emergencia tiene un impacto significativo en la distribución de recursos federales destinados a la recuperación y asistencia a las áreas afectadas por el huracán. Ahora, solo Acapulco y Coyuca de Benítez podrán acceder a estos recursos, lo que, en teoría, debería garantizar una atención más efectiva a las comunidades verdaderamente damnificadas por el fenómeno climático.
Si bien esta corrección puede ser vista como un intento del gobierno federal de garantizar que los recursos se destinen de manera más eficiente, también plantea preguntas sobre la calidad de la evaluación inicial y la necesidad de mejorar los procedimientos para declarar una emergencia. La situación resalta la importancia de una gestión eficiente de desastres y de contar con sistemas de respuesta y evaluación efectivos para garantizar que las comunidades afectadas reciban la ayuda que necesitan de manera oportuna.
A medida que Guerrero se recupera de los estragos causados por el huracán Otis, esta corrección en la declaración de desastre es un recordatorio de la necesidad de una planificación adecuada y de una respuesta ágil y efectiva para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas por eventos climáticos extremos.
