En el complejo tejido político y social de México, la relación histórica entre el Estado y el narcotráfico ha generado una suerte de «construcción criminal del Estado», este fenómeno desafía la narrativa convencional de la corrupción y revela una colaboración más intrincada de lo que la percepción popular podría sugerir.
Algunos expertos sostienen que la colaboración entre cárteles y funcionarios estatales va más allá de los sobornos individuales pues una larga lista de funcionarios mexicanos han aceptado dinero de narcotraficantes no solo para enriquecimiento personal, sino como una forma de financiar al propio gobierno. Esta conexión ha dado lugar a una compleja red de intereses entrelazados que ha definido la relación entre el Estado y el narcotráfico en México.
Eso no es todo, ante la falta de respuesta del Estado con respecto a diversos problemas sociales, el narcotráfico también ha ocupado el vacío que ha dejado el gobierno en la población, ejemplo de ello son los apoyos que el crimen organizado entrega en crisis sociales, como en el caso del huracán Otis.
El huracán Otis ha evidenciado la vulnerabilidad de la población mexicana ante desastres naturales y la incapacidad del gobierno para proporcionar el apoyo necesario. Dos semanas después de que la tormenta devastara Acapulco y sus alrededores, la falta de recursos básicos ha llevado a los residentes a aceptar ayuda de los cárteles y otras organizaciones criminales.
Algunos periodistas ha sido testigos de la entrega de víveres por parte del crimen organizado. Hombres cubiertos del rostro han distribuido agua, miel, frijoles, papel higiénico y otros productos esenciales a al menos 200 damnificados. Esta situación pone de manifiesto la paradoja de una población que, desesperada por la falta de ayuda gubernamental, se ve obligada a recurrir a fuentes que tradicionalmente se consideran fuera del ámbito legal.
Entre los grupos que podrían estar brindando esta ayuda se encuentran el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), organizaciones criminales que ya habían sido identificadas por las autoridades como las de mayor presencia en el puerto en 2022.
Este escenario plantea preguntas incómodas sobre la efectividad del Estado en momentos de crisis y la necesidad de reconsiderar la relación entre el gobierno y los cárteles. Mientras la población intenta sobrevivir a las secuelas del huracán Otis, la delgada línea entre la asistencia criminal y la ayuda desesperada revela una complejidad que requiere una reflexión profunda sobre las dinámicas políticas y sociales en México.
